Ciudad de México. La alcaldía Xochimilco accedió a reconocer al comité que administra el panteón del pueblo de San Gregorio Atlapulco, elegido en asamblea en noviembre del año pasado, en tanto que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino iniciará con la comunidad el procedimiento para formalizar el reconocimiento de la naturaleza jurídica de la propiedad del camposanto como un espacio comunitario.

Entre los acuerdos que pobladores de San Gregorio consiguieron tras realizar una concentración en el Zócalo el pasado martes, está también la aplicación del presupuesto participativo que corresponde al pueblo este año por 2 millones 903 mil 451 pesos para la construcción de nichos y la primera etapa de trabajos de mejoras en el panteón.

Patricia González Guzmán, presidenta del Comité Pro Panteón, explicó que en la reunión en las oficinas de la Secretaría de Gobierno, encabezada por su titular, Martí Batres, y a la que asistió el titular de la demarcación, Carlos Acosta, se acordó que en caso de que el cierre de administración no permita ejercer los recursos del presupuesto participativo, las acciones previstas en el proyecto correspondiente se realizarán con recursos presupuestales de 2023.

En cuanto al reconocimiento del comité por parte de la alcaldía, ésta deberá hacer el aviso correspondiente a través de un comunicado que publicará en su página digital oficial y en sus redes sociales.

Con estos acuerdos, explicó González, la alcaldía regularizará los trámites que tiene pendientes con el comité como el de las boletas de inhumación, además de reinstalar al trabajador y el velador que habían sido removidos de sus puestos, la reanudación de los servicios de alumbrado y limpia que se proporcionaban al panteón, además de reforzar la seguridad en sus alrededores.

En el caso de las dos denuncias penales presentadas en su contra, la alcaldía manifestó que no tiene la intención de ejercer acción penal alguna y se estará a la espera de que la Fiscalía determine en ambos casos en no ejercicio de la acción penal y el desechamiento de las carpetas de investigación.