Lima. Las protestas en Perú continuaban ayer, a poco más de semana y media de la destitución de Pedro Castillo por el Congreso, y manifestantes tenían tomadas las calles de Lima, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, y otras regiones en demanda del adelanto de elecciones y el cierre del Congreso.

Un contingente del ejército y la policía se enfrentó con manifestantes en la carretera Panamericana Sur, que estaba tomada por más de 3 mil mineros informales que impedían el paso de vehículos en Chala, en el departamento sureño de Arequipa. La represión dejó un muerto, informó el periódico El Comercio.

El centro de salud de Chala confirmó que el hombre llegó sin signos vitales y con impacto de bala, detalló el diario. Videos en redes sociales mostraron a los manifestantes huyendo mientras militares y policías avanzan y lanzan gas lacrimógeno.

Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, la represión ha dejado 21 muertos y 646 heridos. Los manifestantes exigen la liberación de Castillo, detenido luego de que disolvió el Congreso el pasado día 7, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones.

La mayoría de fallecimientos han ocurrido en regiones del sur andino, donde las fuerzas armadas apoyan a la policía en virtud del estado de emergencia decretado por el gobierno en respuesta a las movilizaciones.

Por lo pronto, Boluarte recibió duras críticas tras anunciar que la justicia militar investigará las muertes reportadas durante las protestas sociales, de las que su gobierno culpa a la violencia y el vandalismo. El jurista Carlos Rivera, defensor de derechos humanos, y la parlamentaria progresista Ruth Luque señalaron que es ilegal encargar a los uniformados, señalados como autores de las muertes, el esclarecimiento de éstas.

Rivera puntualizó que el fuero militar sólo puede investigar delitos de función, como deserción o desobediencia al superior, pero el matar civiles no es una función militar, mientras Luque aseveró que el anuncio de Boluarte sólo “busca impunidad de los responsables que ahora la sostienen en el gobierno”.

Campesinos y dirigentes, simpatizantes de Castillo, realizaron un bloqueo en una carretera a la entrada de la ciudad de Abancay, en el sur, de acuerdo con imágenes de la agencia Afp.

Las organizaciones sociales y gremiales del departamento de Puno retomaron ayer la huelga indefinida, tras una pausa durante el fin de semana, y volvieron a bloquear las vías, informó el diario La República.

En la ciudad de Cusco, más de 2 mil ciudadanos de Acomayo llegaron a la antigua capital del imperio inca para exigir que el gobierno atienda sus reclamos.

En tanto, más de un millar de camiones están varados desde hace más de 10 días en el paso fronterizo de Desaguadero, comentó Pedro Quispe, dirigente de los transportistas a La República.

El departamento de Arequipa registró escasez de gas doméstico debido a los bloqueos, de acuerdo con un reporte del canal RPP.

Aún se mantienen 27 puntos de tránsito bloqueados en al menos seis regiones del país, según el mapa interactivo de la Super Intendencia de Transporte Terrestre.

El aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón, en la ciudad de Arequipa, reanudó operaciones luego de que manifestantes lo tomaron la semana pasada; no obstante, los vuelos sólo saldrán de 6 a 17:30 horas, informó el administrador Tito Luque.

El ministerio de Transportes aseguró que este martes reinicián operaciones los aeropuertos de Juliaca y Ayacucho.

Los trenes de PeruRail volvieron a dar servicio luego de que se vio interrumpido por las protestas y desmanes en sus vías. Un vehículo de la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu, en Cusco, fue el primero en retomar los viajes para decenas de turistas varados, dio a conocer La República.

El arzobispo de Huancayo, cardenal Pedro Barreto, cuestionó al Congreso por no aprobar el proyecto de reforma constitucional que permite el adelanto de elecciones generales para 2023 y el recorte del mandato presidencial y congresal.

En Huancayo, cientos de ciudadanos, liderados por el cardenal Barreto, salieron a las calles a exigir que cese la violencia en todo el país, indicó el portal Perú 21.

La Iglesia católica estuvo enfrentada a Castillo, quien es evangelista.

Los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio anunciaron en un breve comunicado que, tras conversar con Castillo, ya no ejercerán la defensa legal del ex mandatario, sin dar explicaciones. Ahora lo hará un abogado de la Defensoría Pública.

La cancillería manifestó a la embajada de Colombia en Lima su “profundo malestar” luego de que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, sostuvo el fin de semana que Castillo fue “víctima” de un “golpe parlamentario”.

La Unión Europea exhortó al nuevo gobierno peruano a respetar los derechos humanos y condenó la muerte de 21 manifestantes durante las violentas protestas.