San Cristóbal De Las Casas, Chis., Cinco familias integradas por 34 personas (entre ellas 24 niños) que fueron desplazadas hace un año de la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, exigieron la aparición con vida de uno de sus compañeros y la liberación de otro, acusado de homicidio.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), los desplazados acusaron que después de un año de su expulsión, no hay respuesta del gobierno.

Moctezuma Velasco Aguilar, uno de los afectados, dijo: “Las autoridades, junto con un grupo de polleros, destruyeron las casas y nos despojaron de 150 hectáreas sólo porque mi papá, Versaín Velasco García, exigió la liberación de cinco jóvenes presos injustamente”.

Señaló que “todo surgió por la persecución contra mi papá por defender los derechos humanos”, y que “las autoridades que intentan asesinarlo son cómplices de traficantes de personas, vendedores de drogas y de armas”.

Relató que el 15 de diciembre de 2021 Versaín Velasco García pidió a una delegación de gobierno y de la Fiscalía de Justicia Indígena exhortar a las autoridades de Nueva Palestina a “liberar a los cinco detenidos, pues llevaban más de 10 días encerrados y sin comer, o que los pusieran a disposición del Ministerio Público”.

Las autoridades comunitarias no quisieron recibirlo e inmediatamente reunieron a un grupo armado para matarlo.

“Nos rodearon policías rurales y preventivos estatales y nos golpearon con palos; a mi papá le intentaron disparar en la frente, pero mi hermano empujó al tirador y sólo le dio un rozón”, dijo Moctezuma.

Velasco Aguilar pudo escapar, pero alcanzó a ver cómo golpearon a su madre, mientras a su hermano lo sometieron y lo patearon. Al día siguiente, los agresores llegaron a su casa con palos, machetes y armas de grueso calibre.

“Dispararon y me hirieron con un machete en el brazo; vi cómo derribaron con un trascabo las casas de mi abuela y de mi tío. Un agente me iba a cortar la cabeza, pero Fredy Gómez Sántiz, esposo de mi prima Priscila, me salvó y le disparó al policía”.

Por su parte, Priscila Velasco, de 22 años, asegura que su esposo fue asesinado; se encuentra desaparecido desde el 16 de diciembre de 2021.

“No he sabido nada de él. Me dijeron que está muerto, pero no vimos el cuerpo. Exijo que lo localicen y que los responsables vayan a la cárcel”.

Desde hace un año, los desplazados viven en San Cristóbal, donde rentan una casa, pero no tienen trabajo ni ayuda para sostenerse.

Han recibido apoyo y acompañamiento del Equipo Jurídico Solidario, la organización Melel Xojobal, la Pastoral Social de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y del Frayba, que piden la liberación de Versaín Velasco, acusado de homicidio y preso en el penal de Ocosingo, y quien el 15 de diciembre inició una huelga de hambre.

En un comunicado conjunto, demandaron a los gobiernos estatal y federal “urgente atención a la vulnerabilidad que atraviesan las cinco familias”.

Sostuvieron que “la persecución e intimidación de parte de las autoridades, generó daños graves a las víctimas: heridas ocasionadas con palos, armas blancas y de fuego, además de otros tratos inhumanos”, como la desaparición forzada de Fredy Gómez y la tortura sexual a Isaura Velasco, lo que le provocó la pérdida de un embarazo.

Las víctimas dicen que no regresarán porque “nos están esperando para matarnos, pedimos que el gobierno nos reubique y pague los daños a nuestros bienes”.