La reforma comicial aprobada por el Congreso de la Unión, conocida como plan B, permitirá que las personas en prisión voten en los centros penitenciarios donde existan condiciones de seguridad necesarias, de acuerdo con la adecuación al artículo 284 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

Sobre este tema, el Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado, refiere en un estudio que en febrero de 2019 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar y que este derecho deberá ser garantizado en la contienda de 2024.

Prueba piloto

La investigación del IBD, titulada Modelos de votación electoral para las personas en prisión preventiva: países seleccionados, elaborada por los especialistas Juan Manuel Rodríguez y Miguel Ángel Barrón, subraya que en el proceso electoral de 2021 el INE aplicó una prueba piloto en cinco centros federales de readaptación social, en la que se alcanzó una participación de 94.53 por ciento de las personas privadas de la libertad.

Este ejercicio, precisa el documento del IBD, se llevó a cabo atendiendo una sentencia de la Sala Superior del TEPJF, en la cual se resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a sufragar, por lo que se ordenó al INE realizar una prueba piloto, a fin de garantizar dicha prerrogativa.

Derivado de la prueba piloto del INE, se llegó a la conclusión de que es necesario diseñar esquemas de coordinación con las autoridades de los centros de detención que permitan implementar procedimientos electorales y generar condiciones que fortalezcan el ejercicio del sufragio de las personas presas.

En la actualidad, Argentina, Costa Rica, Ecuador y España cuentan con alguna normativa a partir de la cual se asegura ese derecho.

Los autores del estudio refieren que el TEPJF ordenó al INE diseñar e implementar una etapa de prueba, a fin de garantizar este derecho en las elecciones de 2024.

Además, estableció que ese instituto identificará si el ejercicio del derecho al voto se aplicará solamente en los comicios presidenciales o en otros, según las posibilidades administrativas y financieras .

El 3 de febrero de 2021, el Consejo General del INE, mediante el Acuerdo INE/CG97/2021, aprobó el modelo de operación para la prueba piloto de votación de las personas en prisión preventiva para el proceso electoral federal 2020-2021, en cumplimiento a dicha sentencia.