Eso dijo de su país Henry Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), sumándose a organizaciones de derechos humanos en defensa de ocho niños capturados por el Estado el pasado 5 de noviembre en la comunidad Amando López, en el Bajo Lempa (https://bit.ly/3j6k9qm). Los niños participaban en una obra de teatro en un centro educativo de la comunidad Amando López, en la que se escenificaba una crónica de la historia de El Salvador, desde la invasión española a la guerra civil, a la firma de los Acuerdos de Paz y hasta la experiencia de la posguerra. Este es un ejemplo extremo de la creciente detención de personas, sobre todo jóvenes, en El Salvador que organizaciones salvadoreñas denuncian (https://bit.ly/3YuLliX). Hay reportes de que más de 100 mil personas, o 2 por ciento de su población adulta, está tras las rejas (https://cnn.it/3Wgz4fU).

El Salvador es el país territorialmente más pequeño de una Centroamérica que Andrés McKinley, quien ha vivido y luchado más de cuatro décadas en ese país, llamó en su libro For the Love of the Struggle “la pequeña cadena de naciones, montadas en la pobreza, que conectan continentes, separan océanos y en la que se mezclan lo mejor de lo mejor con lo peor de lo peor que la humanidad tiene que ofrecer [trad. propia]”. El Salvador, que antes de la llegada al poder de Nayib Bukele en 2019, había dado pasos gigantes desde los Acuerdos de Paz de 1992, hasta el momento de fiesta nacional por haber logrado la aprobación de la primera ley en el mundo de prohibición de la destructiva minería metálica en 2017 (https://bit.ly/3YotA4C).

Un grupo de organizaciones solidarias con el pueblo y la diáspora salvadoreña, en su lucha de décadas por la paz, la justicia y la reconciliación, se pronunció el 10 de diciembre, Día Internacional de Derechos Humanos, contra el grave deterioro de éstos. Éstas incluyen el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (Cispes) en Estados Unidos, la Fundación Share, el Institute for Policy Studies (IPS), entre otras. En el desplegado publicado en el diario CoLatino (https://bit.ly/3Ysz3HF) expresan su “respaldo para las organizaciones comunitarias y defensoras de derechos humanos que luchan sin descanso para reivindicar los derechos conquistados por el pueblo y que ahora enfrentan campañas de odio y desprestigio por parte del actual gobierno”. Denuncian el régimen de excepción en El Salvador en el que desde marzo de 2022 más de 58 mil personas, muchas sin haber cometido delito, han sido presas en condiciones inhumanas, documentando por lo menos 90 fallecidos. El clima de represión perpetrado por el régimen de Bukele trae a la memoria los oscuros tiempos de la guerra civil en los años 80. Las organizaciones solidarias claman que toda persona goza de garantías consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como “no ser arbitrariamente detenida, presa ni desterrada […] tener derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”, y que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”.

Denuncian desalojos de poblaciones enteras en beneficio de terratenientes, como el caso de la Isla Tasajera y amenazas de despojo de tierras de poblaciones rurales para la construcción del Tren del Pacífico. Se exige a Bukele a respetar la normativa legal salvadoreña y cesar campañas de odio y desprestigio contra defensores de derechos humanos, incluyendo a sindicalistas, representantes sociales y periodistas que ejercen su derecho a la libertad de expresión. Se demanda poner fin al estado de excepción y que las personas detenidas en este régimen y son inocentes sean puestas en libertad inmediata y que cese la persecución política contra referentes de oposición. Se llama a un cese de los desalojos en las distintas comunidades en donde se pretenden implementar megaproyectos para el beneficio de grandes empresarios.

En México también hay un Comité de Solidaridad con El Salvador de donde me comparten este comunicado: “El estado de excepción se ha vuelto permanente en El Salvador, emblemático del gobierno autoritario del presidente Bukele. Como Comité de Solidaridad con El Salvador en México, denunciamos las graves violaciones de derechos humanos que vive el país. Somos un colectivo conformado por personas salvadoreñas e internacionalistas comprometidas con la lucha del pueblo salvadoreño contra el autoritarismo. En diversas actividades de protesta y concientización, acompañamos desde México a las movilizaciones populares salvadoreñas y procuramos amplificar sus denuncias y demandas. Nos ubicamos en la larga tradición internacional solidaria que ha acompañado las luchas populares salvadoreñas desde los tiempos de la guerra civil. Hoy, lamentamos los retrocesos en las conquistas de la paz bajo el régimen de Bukele”. Ver video de este comité protestando en México (https://bit.ly/3Wlrctz).

Es triste ver a El Salvador –que marcó un hito en la democratización en el hemisferio tras los Acuerdos de Paz, y ejemplo desde su lucha social contra el extractivismo minero y la codicia empresarial, como bien se documenta en el libro de Cavanagh y Broad, Defender el agua (publicado por Grano de Sal)– hundirse en el régimen de excepción y graves retrocesos en materia de derechos humanos, democracia y el estado de derecho por el terror de Estado ejercido por el gobierno de Bukele.

*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org