La noche del neoliberalismo duró en México al menos 30 años; logró que se olvidaran conceptos jurídicos de avanzada congruentes con los principios de la Revolución Mexicana, consagrados en la Constitución de 1917 que incorporó, al lado de los derechos individuales, los derechos sociales, de educación para todos, derechos de los trabajadores en el artículo 123 y de los campesinos, ejido y tierras comunales en el 27.
Algo de lo que poco o nada se habló y se trató de esconder durante los sexenios del PRI y el PAN fue el avanzado concepto de “uso abusivo del derecho”, desarrollado por juristas mexicanos, como Trueba Urbina y Mario de la Cueva, pero que introdujo expresamente la comisión redactora del Código Civil para el Distrito Federal, promulgado en 1928. Aquella comisión, estuvo encabezada por don Francisco H. Ruiz y en la exposición de motivos del código, propone en la nueva legislación, superar el derecho propio del “individualismo liberal”, del siglo XIX con un “código privado social”, que corrija las desigualdades extremas del porfiriato.
Un párrafo clave en la mencionada exposición de motivos dice: “La fórmula de la escuela liberal laissez-faire laissez-passer es inadecuada para resolver los importantes y complejos problemas que a diario se presentan en la vida contemporánea”.
Es el rechazo al “Estado gendarme” dedicado a cuidar la seguridad, sin preocuparse de problemas económicos y sociales; las ideas del nuevo código eran novedosas y pretendían “cuidar de la mejor distribución de la riqueza” y rescatar el valor de la solidaridad; constituían el paso de una revolución por el sufragio efectivo, a una revolución por la igualdad social.
Se avanzaba y, entre otras ideas de justicia distributiva, frente a la libre competencia y al egoísmo del capitalismo sin reglas, la ley reconocía que puede usarse un derecho en forma abusiva y esto sucede si el resultado de un acto jurídico tiene la finalidad de perjudicar a otra persona o a la colectividad; el principio se recoge en varios artículos, uno, el 16 de ese ordenamiento, aún vigente.
Recientemente el Instituto de Formación Política de Morena se ocupó del tema en un recuento de casos en América Latina, del uso de argucias jurídicas y jueces y fiscales “autónomos”, para fines de persecución política, el más reciente es el del presidente de Perú, Pedro Castillo; se trata de la lawfare, guerra jurídica. Morena enumera varios casos que son un ejemplo de uso abusivo o antisocial del derecho: 2016, Dilma Rousseff, en Brasil; 2019, Evo Morales, en Bolivia; Jorge Glas, vicepresidente en Ecuador, y poco antes, Lula da Silva, en Brasil; Rafael Correa, en Ecuador, y este 2022, Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina.
En México, con esa misma estrategia y en este momento, se persigue al fiscal de Chihuahua, quien acusó al gobernador César Duarte, logró procesarlo por cuantiosos fraudes al estado, acusado por un gobierno panista de “tortura sicológica” en contra, precisamente de los desfalcos. Hay que recordar también cómo en la crisis bancaria, la Suprema Corte justificó el anatocismo, que es capitalizar intereses; San Buenaventura en la Edad Media lo calificó de “robo so pretexto de contrato”.
Puede haber y hay abuso del derecho cuando al usar nuestra propiedad o ejercer alguna conducta que la ley nos autoriza, lo hacemos no para buscar nuestro beneficio o satisfacción, sino con objeto de dañar a alguien o golpear políticamente. Hay de este uso abusivo en épocas recientes algunos ejemplos: Se ha usado la noble y muy mexicana institución del amparo, no para defender derechos humanos, sino para golpear al gobierno, buscarle dificultades o desprestigiarlo.
Ejemplos de esta conducta que emplea instituciones jurídicas no para defender derechos, sino para atacar al gobierno, fue la cantidad de amparos presentados para estorbar al Tren Maya, obra emblemática del gobierno; se busca detener o estorbar una obra pública importante litigando para crear confusión y obtener autos de suspensión, aduciendo motivos baladíes y proporcionando servicios jurídicos sin costo.
El amparo, recurso legal ideado por juristas mexicanos para detener atropellos de autoridades abusivas contra los derechos humanos, se usa ahora como ariete político. Un caso, entre muchos, el de los amparos que saturaron juzgados y tribunales federales, dificultando la buena administración de la justicia, fue el de los amparos que por cientos se solicitaron para obligar a las autoridades de salud a vacunar a los niños antes de que tocara su turno en el programa de vacunación contra el covid-19.
Los promotores de la maniobra sabían que los niños serían vacunados en su oportunidad, pero por interés político alarmaron a la población e invitaron, a través de anuncios clasificados en los periódicos a promover amparos gratuitos, sin más razón que alterar el programa de salud; ejemplo claro de un uso abusivo del derecho.
