Ciudad de México. La reforma a la ley general en materia de trata de personas, que se aprobó en el Senado el martes pasado y que actualiza los tipos penales para incluir el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos criminales, así como establece condenas de hasta 20 años de prisión, no podrá hacer frente a este flagelo por sí misma, porque lo que se necesita es que se mejore la capacidad de investigación y el acceso a la justicia, consideró la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Refirió que las estimaciones más recientes, de mediados de 2021, indican que entre 250 mil y 400 mil menores estaban en riesgo de ser reclutados por grupos criminales.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Redim, expuso en entrevista que la reforma -que aún falta que la apruebe la Cámara de Diputados-, no resuelve las problemáticas en esta materia, ya que según las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, incluido el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el reclutamiento necesita una tipificación específica, porque al estar en la ley general en materia de trata, está “dentro de las múltiples actividades de hechos delictivos”.

Una tipificación particular “ayuda en su comprensión a algo que todavía no está ni del todo estudiado ni bien visbilizado, ayuda también a la difusión de que éste tendría que ser un delito penado para quienes reclutan y no para quienes puedan delinquir o cometer algunas faltas una vez que han sido reclutados”, mencionó.

En este sentido, se refirió a la impunidad que tiene este delito. “No conocemos de un solo caso que haya pasado por un proceso penal”. Sin embargo, agregó, “siempre está la sensación de criminalizar a estos niños”.

Por su parte, la directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac), Teresa Ulloa, reconoció que con la reforma se cuente con sanciones más severas para los casos de explotación sexual de la esposa o sus hijos, que van de 25 a 45 años de prisión, pero lo que más se requiere “es que se aplique la ley”.

Un obstáculo para el acceso a la justicia en estos casos es que “no se quiere investigar el delito”, dijo. Hay “falta de pericia, de conocimiento de los ministerios públicos y policías de investigación”, añadió.

Indicó que las víctimas principales de la trata de personas son las mujeres, “y el bloque más grande va a la explotación sexual”. Esta modalidad y la de esclavitud son además “las que dejan mayor daño y cuesta mucho más tratar de que se puedan reincorporar (a la sociedad) y reconstruyan su proyecto de vida por el daño sicológico e incluso el físico”.