El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) destacó que en el país las trabajadoras sexuales están expuestas a violencia física, sexual, emocional, familiar y económica y refrendó el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos.

En el Día Internacional por el Fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, recordó que la Segunda Encuesta Trabajo Sexual, Derechos y no Discriminación, elaborada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), refiere que 78.7 por ciento de las personas que ejercen trabajo sexual vivió violencia o discriminación por parte de policías; 69.2 por ciento de los clientes; 51.9 por ciento de transeúntes; 30.7 por ciento de jueces cívicos y 28.3 por ciento de personal de hospitales.

“La falta de protocolos claros, el trato indigno, discriminatorio y basado en el estigma que reciben las trabajadoras sexuales por parte de autoridades, desalienta la denuncia de los actos de violencia en su contra. La encuesta mencionada también reveló que 84.8 por ciento y 87.1 por ciento no denuncia estos actos por parte de particulares e instituciones, respectivamente”.

Cada 17 de diciembre, desde 2003 se conmemora esta fecha, que surgió a causa de los crímenes violentos ocurridos en la ciudad de Seattle entre los años 80 y 90, los cuales fueron cometidos por el denominado asesino de Green River, quien confesó haber matado a más de 49 trabajadoras sexuales.

Su meta era acabar con el mayor número posible para limpiar las calles de ellas. Esta efeméride pone en el foco a los crímenes de odio y la necesidad de acabar con la discriminación hacia el sector.

Con motivo de esta conmemoración, el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, señaló que esta fecha “nos invita a crear conciencia y luchar por la igualdad ante la ley. El derecho que todo ser humano tiene de vivir bien, de sentirse seguro, de ser respetado y de gozar de un entorno tolerante”.

El Inmujeres precisó que “reconocemos como responsabilidad del Estado poner fin a los crímenes de odio y violencia cometidos en contra de las trabajadoras sexuales, y reiteramos nuestro compromiso para promover, prevenir, proteger y respetar los derechos de todas sin distinción, el trato digno y una vida libre de violencia.

“La criminalización o la ausencia de conocimiento del estatus legal del trabajo sexual en México agudiza las condiciones de vulnerabilidad de estas mujeres. No existen leyes federales que regulen el trabajo sexual en México, y las personas que ejercen el trabajo sexual se deben remitir a las legislaciones locales; solo 4 de cada 10 personas que ejercen trabajo sexual encuestadas por el Copred y el Centro de Apoyo a las Identidades Trans tenía la seguridad de que el trabajo sexual no es ilegal”.

El Inmujeres remarcó que para garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales es necesario visibilizar la diferencia entre trata de personas y trabajo sexual. Las mujeres víctimas de trata y explotación sexual deberán ser apoyadas con la aplicación de leyes y protocolos establecidos contra este delito; y con las mujeres que han elegido libremente ejercer el trabajo sexual se debe reconocer y respetar su agencia y capacidad de decidir sobre sus vidas y cuerpos, así como garantizar que sus condiciones de trabajo sean seguras, libres de violencia, explotación y discriminación.

“Desde el Inmujeres reconocemos como necesario abrir el diálogo para construir una agenda política de derechos y no criminalización; impulsar el reconocimiento del trabajo sexual en la legislación laboral, sin criminalización ni patologización; asegurar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; capacitar a personal de seguridad y justica en materia de derechos de las trabajadoras sexuales; y establecer protocolos de atención en caso de violación a sus derechos”.

Llamó a la sociedad y autoridades de las instituciones de seguridad, justicia y salud locales y federales a sumarse a los esfuerzos para poner fin a la criminalización, a las violencias cometidas contra las trabajadoras sexuales y para frenar la promoción de narrativas y acciones discriminatorias contra quienes ejercen este trabajo.