Ciudad de México. En repetidas ocasiones en este año, hemos atestiguado momentos álgidos y complejos relacionados con la realización de los derechos humanos en México. Hemos visto por fortuna también el trabajo colectivo y sostenido entre los grupos organizados más desfavorecidos para hacer vigentes sus derechos. Son precisamente las colectividades sociales las que desde abajo siguen resistiendo y enfrentando una crisis de derechos humanos que no amaina. Son ellos, que desde acciones concretas y realistas abonan cada año a la consolidación de la paz, la justicia y los derechos humanos en México y en el mundo.

Recordemos aquella frase del historiador inglés, Edward Palmer Thompson, hoy tan oportuna: “Aprendemos, ni por primera ni por última vez, que resulta una tarea desagradecida y terriblemente larga intentar influir en el curso de la historia por medio de pequeños movimientos desde abajo. Con todo, tales posiciones minoritarias, a lo largo de gran parte de la historia humana registrada, han sido los únicos lugares honorables donde estar; tampoco fracasan siempre a largo plazo”. Por ello, resulta fundamental el fortalecimiento de actores sociales de base encaminados a la transformación de la realidad, y todos trabajar en un proceso de liberación que ponga al centro la dignidad de las personas, las comunidades y el cuidado de la naturaleza.

En este proceso, toca al Estado mexicano atender las propuestas y necesidades de estos grupos, haciendo todo a su alcance para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos establecidas en la Carta Magna y diversos instrumentos internacionales; por ejemplo, dadas las constantes agresiones contra quienes luchan por sus derechos, toca revisar a fondo el compromiso y acción decidida para revertir tal situación desde una política de Estado de protección integral. Debe dedicarse especial esfuerzo a proteger la integridad de cientos de mujeres, muchas de ellas madres, que buscan a sus hijos y familiares desaparecidos: no es menor que 2022 sea el año más fatídico para ellas, pues es cuando más asesinatos de mujeres buscadoras registramos.

En ese sentido, es relevante que para 2023, con la debida consulta, se pudiera contar con una ley renovada en materia de protección de estos grupos y personas. Por otro lado, durante los dos últimos años, hemos visto avances en temas relacionados con el esclarecimiento del pasado reciente. De todo lo que se incluye en tal estrategia del Estado, llamo la atención sobre la propuesta de una “Ley de Memoria”; tal empresa requiere la participación amplia de todos los sectores involucrados, especialmente de las víctimas. Si fuera el caso y pertinencia de esta ley, deberá servir efectivamente para garantizar el derecho a la memoria de todas las víctimas y la sociedad en general.

Igualmente, será urgente dar seguimiento a los informes y visitas que en el último año recibió el Estado. Por un lado, lo relacionado con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas; el Estado debe poner ahínco en dar cumplimiento a tales sugerencias, dadas por las y los expertos en abril pasado. Asimismo, 2023 será ocasión de recibir e idear las mejores rutas para dar cumplimiento a recomendaciones de la Relatora especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de Naciones Unidas, Cecilia Jimenez-Damary. En ambos asuntos se esperaría la participación cada vez mayor de todos los ámbitos de gobierno y de los tres Poderes de la Unión. Los esfuerzos del Estado en su conjunto para erradicar la violencia feminicida en México deben ser redoblados.

Por desgracia, la violencia feminicida se mantiene, por ello, el cumplimiento efectivo de las alertas de género, así como las debidas tareas de investigación con perspectiva de género entre las fiscalías son urgentes; asimismo, el fortalecimiento de instituciones dedicadas a la atención de las violencias contra las mujeres no debe cesar, sino extenderse.

Resulta alentador que este año se cuente ya con el reconocimiento del matrimonio igualitario en todo el país. Tuvo que pasar una década, desde que la primera entidad reconociera esta figura legal, para que en todo México sea posible garantizar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo sin discriminación; tocará hacer todo lo posible para evitar retrocesos en estos derechos ganados. Resultará importante sentar bases para hacer efectiva la obligación de las empresas para la protección de los derechos humanos, en ello se deberá formular una normativa seria para el cumplimiento de la debida diligencia de grandes corporaciones que ponen en riesgo a comunidades y al medio ambiente. Dada la cantidad de temas de abordaje, considero que el Programa Nacional de Derechos Humanos vigente tendrá el último año completo para ser cumplido y robustecer la acción del Estado en su conjunto a favor de la dignidad de las personas. Que 2023 sea un año de más derechos para todas y todos.