Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, estuvieron ayer en Washington para intentar resolver las disputas comerciales con Estados Unidos que han generado las restricciones planteadas por México a las importaciones de maíz transgénico.

Ebrard y Buenrostro, junto con el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, y la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, se reunieron con una delegación encabezada por el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Thomas J. Vilsack, a quien expusieron la política de seguridad alimentaria mexicana.

Destacaron tres objetivos: preservar el patrimonio biocultural de México, que es centro de origen de más de 60 razas de maíz; seguir garantizando la autosuficiencia en el maíz para hacer tortillas, así como fortalecer la seguridad alimentaria en América del Norte, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Se acordó continuar las conversaciones constructivas con el fin de que en enero se pueda consolidar un entendimiento mutuo que dé certidumbres jurídicas a todas las partes”, explicó en un comunicado.

Estados Unidos, el principal socio comercial de México, ha expresado su rechazo al plan de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar gradualmente el maíz transgénico y ha alertado sobre las repercusiones que pueda tener para las exportaciones de sus productores del grano.

El Departamento de Agricultura estadunidense dijo que en la reunión “hubo una conversación franca sobre nuestras profundas preocupaciones en torno a las restricciones a la importación de maíz biotecnológico y otros productos biotecnológicos derivadas del decreto 2020 del presidente (Andrés Manuel) López Obrador”.

Agregó que “la delegación mexicana presentó algunas enmiendas potenciales al decreto en un esfuerzo por abordar nuestras preocupaciones. Acordamos revisar de cerca su propuesta y dar seguimiento con preguntas o inquietudes a la brevedad. Hay un reconocimiento conjunto de que el tiempo es esencial y debemos determinar un camino a seguir pronto”.

México ofreció hace días a Estados Unidos extender a 2025, el plazo para iniciar con la prohibición del maíz genéticamente modificado y está trabajando en una propuesta para modificar un decreto al respecto.

Vilsack señaló a principios de mes que el gobierno de Estados Unidos podría considerar acudir al tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si es que no logra una resolución favorable a una disputa sobre maíz transgénico con México.

En 2020, el gobierno mexicano anunció la eliminación gradual del maíz transgénico y el herbicida glifosato para 2024, lo que abrió la incógnita sobre cómo logrará compensar las decenas de millones de toneladas de maíz amarillo genéticamente modificado que importa cada año desde Estados Unidos.

En el encuentro también participaron el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch Pérez; el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Alejandro Encinas Nájera; el jefe de la unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

Por parte del gobierno de Estados Unidos estuvieron la titular de la Oficina de Representación Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), Katherine Tai; el representante comercial adjunto, Jayme White; el subsecretario del Departamento de Estado, José Fernández; y el subsecretario de Agricultura para Asuntos Internacionales, Jason Hafemeister, entre otras autoridades.

La Representación Comercial reiteró al gobierno mexicano la importancia de avanzar en las consultas en materia energética que se realizan en el marco del T-MEC con respecto a la política en la materia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

White manifestó preocupaciones por las restricciones que enfrentan los proveedores de servicios de pagos electrónicos de esa nación en el mercado mexicano, también destacó la importancia de la implementación total de la prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, así como la aplicación de las leyes ambientales relacionadas con la pesca en México.