Ciudad de México. El subsecretario de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja afirmó durante un encuentro con mandos de la Fiscalía General de la república (FGR) que “no son suficientes las detenciones y puestas a disposición de delincuentes realizadas por la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad en México”, y aseguró que “se requiere el control legal de las aprehensiones, vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias para combatir la impunidad”.

Mejía Berdeja explicó que para cumplir con la política de Cero Impunidad establecida por el gobierno de México “se requiere trabajar de manera coordinada en el despliegue territorial en todo el país”, al participar en la Reunión Plenaria Delegacional de la Fiscalía Especializada de Control Regional, encabezada por German Adolfo Castillo.

En su exposición dijo que en el ámbito nacional se cuenta un mando coordinado a través del Gabinete de Seguridad, que encabeza la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez.

“De una forma coordinada podemos atender y contrarrestar los criterios de diversos jueces del Poder Judicial de la Federación, que día a día, si bien se abanderan en la defensa de los derechos humanos, se les olvida la importancia de mantener la seguridad en el país”, dijo.

El subsecretario señaló: “también se requiere mayor coordinación en el despliegue territorial para justificar con datos de prueba la prisión preventiva oficiosa, que hoy pretenden desaparecer y volverla justificada”.

Asimismo, informó a los integrantes de la FGR que la Guardia Nacional está asentada en todo el país con mandos regionales y territoriales, pero es necesario que los esfuerzos efectuados desde el centro del país se repliquen en cada entidad federativa y propuso establecer “una red de comunicación para coordinar los grupos de operaciones preventivas e investigadoras del país, y crear áreas de análisis interinstitucional para que coadyuven en el esclarecimiento de los hechos delictivos y hacer eficiente la persecución penal”.

Además de elaborar diagnósticos criminógenos regionales, estatales y municipales e información de contexto para determinar la forma en que se ejecutan; dar seguimiento de casos de alto impacto social o de violaciones graves a los derechos humanos, de corrupción e imprescriptibles.