En los cuatro años del actual gobierno federal se han erogado 544 millones de pesos para el cumplimiento de obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, para el otorgamiento de medidas cautelares y reparación integral del daño a víctimas y sus familiares, como en el caso de la masacre de Acteal y Pasta de Conchos, lo que representa 27 por ciento más de lo destinado en todo el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, cuando sumaron 426 millones de pesos.
De acuerdo con un reporte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, en total con dichos recursos erogados desde el área de atención a asuntos internacionales de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos se ha beneficiado a más de mil 800 víctimas y sus familiares.
Entre los casos más relevantes en los que se han hecho diversas acciones, está la masacre de Acteal, en Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, con saldo de 45 muertos y 26 heridos, en el que se llevó a cabo la reparación integral y se han concretado 40 apoyos de vivienda, además de que se han entregado 30 casas.
También se cita la tragedia en la carbonera Pasta de Conchos, Coahuila, en 2006, que dejó 65 obreros muertos, para lo cual se han realizado acciones de reparación integral, así como de vivienda para los familiares de las víctimas.
En tanto, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en el caso de Inés Fernández, violada el 22 de marzo de 2002 por militares en Ayutla de los Libres, Guerrero, la subsecretaría señala que junto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se inauguró el centro comunitario y albergue de niñez indígena Gúwu Kúma “la Casa de los Saberes”.
Destaca que también se han concretado ocho resoluciones relacionadas con sentencias dictadas por la CorIDH; así como 12 acuerdos de solución amistosa –entre ellos de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, al igual que ocho actos de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano y de disculpa pública.
Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dio a conocer que durante 2022 se inscribieron 6 mil 22 personas en el Registro Nacional de Víctimas, de las que 72 por ciento corresponden al ámbito local, y otorgó más de 866 millones 587 mil pesos a más de 10 mil personas víctimas para gastos de alimentación, alojamiento, traslados, gastos médicos y/o funerarios.
