La esencia de la disputa por lo electoral es el 24. Planes A o B, y tocamientos o intocabilidad del Instituto Nacional Electoral no son sino batallas preparatorias de la decisoria, que tendrá como principal objetivo la sucesión presidencial, pero también el control de las cámaras federales, varias gubernaturas, congresos estatales y presidencias municipales importantes. En esencia: la continuidad o la interrupción de la llamada Cuarta Transformación, el regreso al timón o la mayor marginación de los poderes desplazados en 2018.

Los desplazados han intentado sustentar su proyecto de retorno en la defensa de una hipotética democracia radiante, en especial de un Instituto Nacional Electoral al que invisten de una aureola de honestidad operativa y eficacia que no resiste un análisis riguroso.

Al estilo de los esfuerzos que han buscado desestabilizar a gobiernos de tono popular en otros países, el consorcio opositor mexicano (empresarios, medios tradicionales, alto clero y los partidos Acción Nacional, lo que queda del De la Revolución Democrática y el escurridizo Revolucionario Institucional) reproduce un discurso de histeria ante un presunto abismo al que se estaría a un centímetro de caer.

El propio juego electoral e institucional del que durante mucho tiempo se beneficiaron es repelido entre santiguamientos hipócritas: hasta ahora, el obradorismo no ha hecho nada que el consorcio opositor no hubiera realizado en su momento para mantenerse en el poder; en lo electoral, la llamada 4T se ha valido de la mecánica legislativa vigente, con un valor aritmético legítimo que le permite regular tiempos, formas y resultados porque así le fue facultado mediante indiscutido voto popular.

El obradorismo no ha transgredido los límites legales ni ha obtenido nada que no provenga de las propias fuentes de generación institucional: ha ido concentrando poder en los términos estrictos de esa legalidad existente y, ya con la vista puesta en la gran batalla electoral de 2024, más las emblemáticas estaciones intermedias con sede en Toluca y Saltillo, ha buscado modificar la estructura del poder electoral (instituto y tribunal correspondientes) porque sabe que ahí anidan, no sólo en la plantilla de consejeros electorales y directivos del pasado pernicioso (Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, los más notables), sino en una estructura operativa que no está tan a la luz pública, las trampas previsibles al servicio de los poderes que fundaron y han moldeado al IFE-INE y al Tribunal Electoral.

El ahorro y la austeridad no han sido bandera oculta del obradorismo, y esa exigencia se ha aplicado ahora al caro aparato electoral. “Tocar” al INE ni siquiera necesita de peleas ruidosas: en abril próximo dejarán su asiento cuatro consejeros electorales (Córdova y Murayama, entre ellos) y la misma aritmética política permitirá (con concesiones a los partidos aliados o parásitos, pensando en el PT en el primer rubro y el Verde y el PRI en el segundo) que la 4T “tome” el control del citado instituto, a la par de que las largas colas pisables de los magistrados del Tribunal Electoral les van impidiendo aumentar metros a sus historiales mercantiles.

Pero la batalla de fondo está en la legitimidad de los resultados del 24. Con su narrativa apocalíptica, los previsibles perdedores esparcen la especie de que un fraude electoral es inminente y la confianza ciudadana se ha evaporado. A menos de un año de que deban abrir y presentar sus cartas, no tienen figuras electoralmente viables ni programa definido. Lo que les queda es descalificar lo que probablemente perderán: es decir, ¡al diablo las instituciones (que no sean controladas por ellos)!

A partir del próximo lunes tomará un descanso el tecleador de la presente columna, que ha cumplido veinticinco años en estas páginas, por lo cual desea a sus lectores sean felices, no sólo en esta temporada, y que el próximo año volvamos a encontrarnos con renovado entusiasmo, ¡Hasta enero venidero!

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