En el discurso con que cerró su mandato de cuatro años al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar sostuvo que se va con la satisfacción del deber cumplido al dejar un Poder Judicial federal “renovado, íntegro, moderno, profesional y con sentido humano que responde con resultados, que rinde cuentas con datos duros, que resiste los embates de los factores reales de poder y que preserva su independencia con hechos y no con palabras, con sentencias y no con discursos”.
El mensaje, no exento de un tono triunfalista y autocomplaciente, deja atrás las autocríticas formuladas cuando el ministro presidente rindió su primer informe de labores en diciembre de 2019. Entonces, Zaldívar rompió con la tradición de encubrimiento, autoindulgencia y arrogancia de la Judicatura al reconocer la persistencia de cotos de corrupción dentro del aparato de administración de justicia, y señalar como principales flagelos del poder que encabezaba al nepotismo, la mediocridad y la cultura de patrimonialismo.
Pese a los innegables avances registrados en los 36 meses que han transcurrido desde entonces, resulta difícil sostener la noción de que en dicho lapso el Poder Judicial se haya convertido en el ejemplo de buen funcionamiento descrito por Zaldívar. Sus propias palabras ilustran el limitado alcance de la pretendida renovación: únicamente se judicializaron tres carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos que cometieron ilícitos en la administración de justicia; la Defensoría Pública federal sólo consiguió la libertad de uno por ciento de las mujeres presas cuyos casos se revisaron con perspectiva de género, y en materia de combate al nepotismo se realizaron 197 readscripciones para evitar que miembros de una misma familia trabajen en el mismo órgano jurisdiccional. En este último aspecto, cabe preguntarse de qué sirve la readscripción si permite permanecer en la carrera judicial a quienes ingresaron a ella gracias a sus relaciones de parentesco.
Hace tres años, en este espacio se subrayó que la recuperación de la credibilidad y la confianza social del Poder Judicial pasaba necesariamente por abordar la moralidad del ejercicio de un puesto público y, muy particularmente, por atender la añeja demanda ciudadana de reducir a niveles decorosos las exorbitantes percepciones que sus altos funcionarios se han otorgado. Lejos de sensibilizarse al respecto, los togados no sólo han ignorado el clamor social y las normas que les exigen observar un tope salarial, sino que se han convertido en facilitadores del fraude a la ley perpetrado por funcionarios de otros ramos (de manera notoria, por los directivos del Instituto Nacional Electoral) que continúan asignándose remuneraciones ilegales gracias a los amparos concedidos rutinariamente por los tribunales.
También extraña la seguridad con que Zaldívar afirma la resistencia del aparato de justicia a “los embates de los factores reales de poder”, cuando la complicidad de jueces con poderosos intereses económicos ha quedado a la vista de todos con el sabotaje judicial a proyectos clave de infraestructura impulsados por el Estado y la vergonzosa protección brindada a los grandes capitales del sector energético que causan quebrantos a la hacienda pública y amenazan la soberanía nacional.
Al hacer un balance de su gestión, debe reconocerse que Arturo Zaldívar deja un legado positivo en contraste con sus antecesores, pero quien lo suceda al frente de la Suprema Corte y el Poder Judicial tiene mucho trabajo por delante para hacer que la caracterización trazada por el presidente saliente coincida con la realidad y con las justas expectativas de la ciudadanía.
