Buenos Aires., En un nuevo avance de lo que en diversos sectores llaman la “dictadura judicial”, la Corte Suprema de Justicia avaló ayer una condena de 13 años de prisión para la dirigente de la organización social Túpac Amaru, Milagro Sala, también diputada electa para el Parlamento del Sur (Parlasur), cargo que nunca pudo asumir, al rarificar el fallo de la justicia de la provincia de Jujuy, lacual maneja a su antojo el gobernador Gerardo Morales, quien arbitrariamente ordenó su detención el 16 de enero de 2016 sin sustento legal.

El caso llegó ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), que hizo recomendaciones al gobierno de Jujuy, pero no fueron cumplidas. Sala y otras mujeres de la misma organización fueron detenidas arbitrariamente y se comprobó que fueron víctimas de torturas, castigadas con aislamiento y que la mayoría tenían hijos pequeños, haciendo aún más cruel su detención.

Finalmente, se pudo lograr que Milagro Sala fuera a prisión domiciliaria, después de haber sido encerrada en otra rodeada de alambres de púas y de gendarmes, que vigilaban a sus visitas y movimientos.

La detención de Sala fue ordenada por Morales cuando un grupo de militantes de la Túpac Amaru, protestó frente a la gobernación de Jujuy en enero de 2016 ante el avance oficialista sobre los barrios construidos por esa organización, y aunque Milagro Sala no estaba en ese lugar se le detuvo en forma ilegal.

Fue la primera presa política de Argentina en el gobierno de la coalición derechista Cambiemos, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Desde entonces, se le fueron armando causas falsas por orden de Morales, quien tiene a los jueces y a los miembros de la Corte Suprema jujeña bajo su control.

Macri también utilizó una ilegal versión de “prisión preventiva” para llevar a la cárcel a una serie de ex funcionarios de la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner perseguidos sin causas reales.

En el caso de Milagro Sala, el fallo de la “justicia” de Jujuy se refiere a la causa conocida como los Pibes villeros, la cual sirvió para que la mayor dirigente social de esa provincia y del noroeste fuera condenada a 13 años de prisión. El caso pasó antes por las manos del procurador interino Eduardo Casal, a quien nombró Macri, después de que sus servicios de inteligencia, los medios masivos de comunicación, y la justicia lograra la renuncia de la procuradora de laNación, Alejandra Gils Carbó, cuando comenzaron las amenazas a sus hijas e incluso el diario Clarín publicó las direcciones y los teléfonos de las mismas, sometidas a un terror.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti (hijo de desaparecidos) criticó fuertemente la ratificación de la sentencia, cuestionando que dejen firme “una condena ilegítima”, lo que convalida la “actuación de las autoridades judiciales de Jujuy en su persecución y las violaciones a sus garantías”, informó la agencia nacional Telam.

La defensa de Milagro Sala denunció que el juicios estuvo plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos constitucionales, y enumeró todas las vejaciones al derecho registradas y que incluso denunciaron aquí periodistas y organizaciones de defensoría social.

La decisión de la Corte Suprema es un golpe más para la justicia, y la reacción de los diversos sectores políticos y sociales es de rechazo absoluto por esta condena, cuando han sido comprobadas las irregularidades cometidas. Nota ampliada en @lajornadaonline en https://bit.ly/3uSfb38