Buenos Aires. “No me perdonan que hayamos enfrentado a los que siempre nos pisaron la cabeza”, dijo este viernes Milagro Sala, la dirigente de la organización Túpac Amaru de la provincia de Jujuy, al comentar la sentencia a 13 años en prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia de Argentina por supuesta asociación ilícita y defraudación al Estado.

En varias movilizaciones desarrolladas durante esta jornada se llamó a la solidaridad con Sala tras la sentencia, al tiempo que se convocó a una protesta mayor ante los tribunales para denunciar a los magistrados de la Corte Suprema. En múltiples mensajes de apoyo, más de 30 organizaciones sociales y de derechos humanos pidieron salir a las calles.

“Cuando escuché lo de la condena para adentro pensaba que ya estaba. Que era lo que tenía que pasar. Y cuando venían los compañeros a abrazarme les decía eso. Era lo que tenía que pasar. Lo que estábamos esperando. Es muy injusto”, aseguró Sala en entrevista con la radiodifusora AM750.

Con ello, dejó muy claro lo que significó para ella y los habitantes de los barrios modelos, la persecución de una justicia como la de Jujuy, gobernada por Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical que conforma la coalición opositora Juntos por el Cambio, encabezada por la ultraderechista Propuesta Republicana, cuyo líder es el ex presidente Mauricio Macri.

La líder social se puso al frente de un proyecto único, con la construcción de barrios, con viviendas para centenares de familias que vivían en la indigencia, en una obra reconocida en muchos lugares del mundo.

Una de las primeras medidas tomadas por Morales fue avanzar sobre los barrios, y destruir todo un trabajo realizado por centenares de mujeres y hombres que militaban en la Túpac Amaru. También es responsable de alentar a terratenientes, que quieren quedarse con las tierras de los pueblos Wiichi y otros, a quienes asedian y persiguen.

Fue detenida el 16 de enero de 2016, y a lo largo de su detención, se iban creando más causas, algunas de las cuales no se pudieron sostener. Si se leen las condenas que aplican los jueces y fiscales del Partido Judicial en todas las causas acuden a la “jefatura” de una asociación ilícita.

Sala también es víctima del llamado lawfare (la judicialización de la política), debido a que fue perseguida por Morales desde que éste llegó al gobierno local y en este caso manejando el poder judicial, pero también policial, económico, como empresario, como lo señaló en entrevista con La Jornada cuando estaba detenida.

“El gobernador Morales aprovechó (políticamente) esta situación publicando una ‘carta abierta al kirchnerismo’ anunciando que pedirá a la Fiscalía de Estado, querellante en la causa, que Sala pase a cumplir la pena en cárcel común, y presentó un proyecto para expropiar los bienes de la Túpac Amaru” señala una publicación del diario Página/12.

Los testigos presentados en las acusaciones contra Sala, todos –como se demostró- estaban pagados por Morales quien incluso desafió a la Corte Internacional por los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, desconociendo varias recomendaciones en este caso, al reconocer las irregularidades y las debilidades de las causas por las que se acusó a la dirigente social.

“Siempre le decíamos a los compañeros, mientras tengamos razón, discutamos. A nosotros nos daban la mitad de plata que lo que le daban a una empresa para construcción de viviendas. Y hacíamos viviendas y nos quedaba plata. Vivo con mucha tristeza por lo que pasó ayer”, indicó la líder durante su entrevista con AM750. Destacó que “Túpac Amaru es la única organización social que sigue peleando por sus derechos. A pesar de que creyeron que nos iban a hacer pelota, seguimos vivos. Y seguimos trabajando. Seguimos formando consciencia”.

Advirtió también sobre su preocupación sobre algunos sectores del Frente de Todos, que no fueron solidarios frente a la situación vivida y se refirió a las relaciones entre Morales y algunos funcionarios de esta administración. “Hubo silencio. Nadie me llamó. A algunos creo que después de lo que le pasó a Cristina (la vicepresidenta) les dio miedo de opinar. Se olvidan de que si Morales llega a la presidencia va a ir por todo eso. No va a respetar a los amigos”.

En la actual sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el gobernador pidió al fiscal general, Sergio Lello, que actúe para detenerla. “La orden ya está lista. Hoy, mañana o pasado me deben llevar a la cárcel nuevamente”, señaló Sala en un video tuiteado. Alertó que no se respeta la resolución de la Corte Interamericana de Derecho, la cual determinó que se debe proteger su integridad física y psíquica, y poner fin a la persecución penal arbitraria.

Sin embargo como ha dicho el médico y dirigente peronista Jorge Rachid, que atendió a Sala, desde hace tiempo por problemas de salud “Morales sabe que ella tiene problemas serios de salud, pero ya no sabe cómo humillarla en estas condiciones” ni acepta las recomendaciones de un organismo de la Organización de Naciones Unidas.