La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa de reformas al Congreso capitalino para incrementar las penas de cárcel a quien robe mobiliario urbano en la Ciudad de México.

Propone reformas al Código Penal local a fin de incrementar en una mitad las penas de cárcel, es decir, de nueve a 12 años de prisión cuando las lesiones sean causadas como consecuencia del robo o sustracción ilegal de cualquier tipo de tapa de registro o alcantarilla de instalaciones eléctricas o hidráulicas de cualquier servicio público.

También se incrementa en una mitad, es decir, de tres a nueve años de cárcel, a quien participe en el robo y comercialización de cualquier metal o material, incluido cualquier tipo de tapa de registro o alcantarilla utilizado en instalaciones eléctricas e hidráulicas.

La iniciativa refiere que en los años recientes se ha incrementado el robo de mobiliario urbano, y en general de cualquier material utilizado para el mejoramiento de espacios urbanos, ya que son fáciles de sustraer y no suelen ser de mayor interés o prioridad para la población su denuncia.

El documento reconoce la existencia de un mercado negro de compraventa de dicho mobiliario, en particular de coladeras, rejillas y registros hidráulicos. De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en las 16 alcaldías se han repuesto alrededor de 470 mil 413 rejillas de piso y coladeras pluviales que fueron robadas.

No obstante, indica, el problema no sólo radica en la sustracción, sino en que las personas puedan estar expuestas a sufrir accidentes y lesiones que puedan poner en riesgo su vida. Además, se requiere mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y policías de las alcaldías.

Para la mandataria es necesario que “encuentren los tipos penales necesarios que permitan disminuir la comisión del delito de robo de mobiliario urbano”.

Por otra parte, la madre de Esmeralda y Sofía, jóvenes que perdieron la vida al caer a una coladera en la alcaldía Iztacalco, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, a fin de que se haga justicia por el fallecimiento de sus hijas, “porque no se trató de un hecho fortuito, ya que los vecinos presentaron quejas a las autoridades por el riesgo que significaba una coladera sin cubierta”.

La madre aseguró que su caída fue “una negligencia” y denunció las trabas que ha puesto la fiscalía para encontrar a los responsables, “que podrían estar en el Sistema de Aguas de la Ciudad México y la alcaldía de Iztacalco”.