A fin de consolidar un “giro radical” en la política pública científica en México, la iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, propone la transformación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al establecer, entre otros ejes, el derecho humano a la ciencia como uno de los principios fundamentales de todo quehacer.

Con el nuevo marco normativo, señala la propuesta, se busca incentivar el avance del conocimiento universal, así como garantizar las libertades de investigación, cátedra y expresión; promover el acceso abierto a la información y fortalecer la soberanía nacional.

Entre los objetivos centrales, se incluye la creación de una agenda nacional del sector que atienda áreas prioritarias para el Estado, para lo que propone generar programas estratégicos que impulsen el desarrollo nacional y permitan resolver problemas urgentes en materias de salud, agua, cultura, educación y soberanía alimentaria, entre otros.

Tres niveles de gobierno

El mecanismo propuesto busca incluir a los tres niveles de gobierno, a fin de generar instrumentos de planeación y política pública, pero con facultades concurrentes. Además, permitirá la creación de regiones que faciliten la colaboración, cooperación y articulación entre los distintos órdenes de gobierno para el desarrollo de la política pública del sector, pues serán los congresos locales los que aprobarán las atribuciones específicas de las autoridades estatales y municipales del rubro, pero siguiendo una sola política pública.

El nuevo consejo, que será el organismo coordinador del sector, contempla también la creación de un órgano de vigilancia integrado por una persona comisaria pública, designada por la Secretaría de la Función Pública, así como órganos internos de control. También prevé mayor diversificación de los mecanismos de apoyo al sector con recursos públicos, pero orientados al bienestar general de la población, así como la recuperación de los derechos de autor y propiedad industrial, generados con fondos del Estado.

Además, se impulsará un programa nacional de innovación que fomente la transferencia tecnológica, mayor apoyo a la ciencia básica y de frontera, así como la articulación del Sistema Nacional de Posgrados.

La iniciativa de ley contempla un sistema nacional de centros públicos de investigación, que será coordinado por el nuevo consejo nacional, con el que se regulará su gobierno y administración