A punto de concluir el periodo de sesiones en el Senado, el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes, que integran a habitantes de comunidades de Chihuahua, Chiapas y Guerrero, entre otras, apremió a los legisladores a aprobar el proyecto de ley general para prevenir, atender y reparar integralmente este fenómeno.

Refirió que esa fue también una recomendación emitida por la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas, Cecilia Jiménez-Damary, quien realizó una visita oficial al país del 29 de agosto al 9 de septiembre pasado.

De hecho, recordó que una comisión de senadores se reunió el 31 de agosto con Jiménez-Damary y le solicitaron recomendar la agilización del proceso legislativo, lo cual se incluyó en la declaración de cierre de misión de la relatora, emitida el 10 de septiembre. Sin embargo, esto no se ha cumplido, pues el Senado termina hoy su periodo de sesiones.

El colectivo señaló que entre 2006 y 2021, al menos 379 mil 322 personas han tenido que salir huyendo de sus lugares de residencia “por el riesgo potencial o latente de sufrir algún tipo de violencia, constituyéndose en personas desplazadas forzadas internas”.

Indicó que si bien en 2019 el gobierno federal reconoció la existencia y gravedad de los hechos delictivos que originan y tienen como efecto el desplazamiento forzado interno y la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley citado, “el Senado hasta ahora ha frenado la posibilidad de que exista” esta norma