El campo mexicano sufre una acelerada y diversa transformación por los impactos de la crisis civilizatoria planetaria en sus vertientes climática, de violencias, migratoria, ambiental, de relaciones sociales y crisis de referentes ético-culturales.

El Movimiento Campesino –con mayúsculas– como actor colectivo, con unidad de organización, acción y proyecto ya no existe así. Hay factores exógenos y endógenos que afectan profundamente la emergencia de movimientos rurales, en sus actores, demandas, formas de organización, de acción, adversarios y alianzas.

El extractivismo capitalista propicia la apropiación de territorios y recursos naturales de pueblos originarios y comunidades campesinas; la sobrexplotación de aguas, bosques, suelos, pastizales. La agricultura y ganadería industriales con el uso intensivo de agroquímicos contaminan tierras, cuerpos de agua, alimentos. Se implantan megaproyectos privados y públicos de minería a cielo abierto, turismo, transporte, conducción de energéticos que lesionan territorios y naturaleza.

Los criminales afectan a las zonas rurales controlando territorios, cobrando derechos de piso y de paso; reclutando forzadamente a jóvenes para el cultivo de enervantes y el sicariato, talando e incendiando bosques, asesinando y desapareciendo dirigentes comunitarios y desplazando comunidades enteras.

También se transforman las relaciones del Estado con los actores sociales: rechazo del gobierno federal a tratar con organizaciones rurales y preferencia por la relación directa con los productores; debilidad de las representaciones locales de las dependencias federales, atención preferente a comunidades campesinas e indígenas del nivel de autosubsistencia, de las regiones centro, sur y sureste del país.

Las organizaciones campesinas se han debilitado por la reticencia federal a considerarlas interlocutoras y canalizadoras de recursos. La incorporación a los gobiernos federal y estatales de numerosos dirigentes de las organizaciones y un cierto “estado de gracia” de dichos gobiernos inhiben las movilizaciones para no favorecer a los adversarios de éstos.

El gobierno de la 4T ha tenido avances en el sentido de las demandas históricas de los movimientos campesinos e indígenas, como los programas de Producción para el Bienestar, dotación de fertilizantes, la prohibición de agroquímicos tóxicos y maíz transgénico. Esta respuesta, así sea limitada, ha bajado la presión social en algunos sectores y disminuye las bases sociales para una movilización nacional unitaria.

En este contexto, son indudablemente los movimientos de base comunitaria, indígenas y campesinos los que se mantienen más dinámicos y en una resistencia continua contra las empresas extractivistas y contra los megaproyectos privados y del gobierno: las comunidades de Oaxaca, contra los parques eólicos y el Transístmico; los pueblos mayas de Yucatán contra la expansión de granjas porcícolas y el llamado Tren Maya; los movimientos por defender el agua, desde los pueblos nahuas de Puebla, los comuneros de Xochimilco, hasta los yaquis de Loma de Bácum o los agricultores del norte de Chihuahua; por todo el país florecen resistencias contra la minería a cielo abierto o contra proyectos de represas como La Parota, en Guerrero; los pueblos como los wixárikas y los rarámuris defienden sus territorios y áreas sagradas… y un gigantesco e injusto etcétera. Muchas de estas comunidades desarrollan la agroecología, la economía social y solidaria, y el rescate y enriquecimiento de su cultura.

Pero también hay un sector de productores pequeños, principalmente en el norte del país, inconformes con las políticas actuales de la 4T: caficultores, productores de maíz y de frijol de temporal, con superficies mayores a 20 hectáreas, productores afectados por la sobreconcesión de aguas subterráneas, por el alza de los costos de producción, sobre todo de los fertilizantes, maquinaria y equipo, por la ausencia de créditos. Se han expresado regionalmente, dada la debilidad de sus referentes nacionales.

Hay también acciones de grupos de presión de grandes empresas, agricultores ricos y medios que defienden su estatus económico-productivo o que sienten son despojados por la 4T de derechos adquiridos. Por ejemplo: el movimiento de las clases medias rurales del centro-sur de Chihuahua contra la extracción del agua de la presa La Boquilla o los recursos legales interpuestos por algunos organismos empresariales del sector agropecuario, contra la libre importación productos alimentarios contemplados en el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic). Estos sectores pueden ser la base social de movilizaciones y propuestas políticas desde la derecha. No hay que menospreciar su capacidad de crecimiento y de impacto político, como ha sucedido en otras partes, por ejemplo, en Argentina.

Esto demuestra el enfrentamiento en los hechos de dos visiones opuestas, dos proyectos de campo y de alimentación, de sociedad y de cultura en el país: uno, insostenible, que es la continuidad del proyecto neoliberal, productivista, extractivista, intensivo en agroquímicos, muy dirigido a la exportación, en manos de productores ricos y de grandes empresas, y otro, de verdadero futuro, busca la sostenibilidad, la soberanía alimentaria, el cuidado de la naturaleza y de las comunidades en un marco de convivialidad, diversidad y del buen vivir. Entre ellos están los productores pobres y medios que sobreviven en el primero, pero no adoptan el segundo, a los que habría que apoyar para que sean viables.

Es necesario el diálogo para transitar hacia un modelo sostenible de agricultura y alimentación lo más incluyente posible. Por lo pronto, en estas coordenadas creemos se van a dar los movimientos rurales del futuro inmediato.