Lima. El gobierno peruano optó finalmente por decretar el estado de emergencia en todo el país, tras constatar que las protestas y la violencia iniciadas hace ya una semana, luego de la destitución del presidente Pedro Castillo por el Congreso, no sólo continúan firmes sino que tienden a amplificarse.

Para este jueves está anunciada un masiva marcha por el centro histórico de la capital, hasta donde vienen representaciones desde diferentes puntos del país a participar.

Las exigencias principales siguen siendo la disolución del Parlamento, la renuncia de la gobernante Dina Boluarte, elecciones anticipadas inmediatas y, para algunos, la libertad y restitución de Castillo.

Desde temprano ayer se tuvo conocimiento de otras dos víctimas fatales, dos jóvenes de 18 años, ambos en distintas regiones, con lo cual totalizan al menos nueve fallecidos, mientras hay centenares de heridos, algunos de gravedad, entre civiles y policías.

Tan desbocadas se presentan las circunstancias –13 de 24 departamentos registran altos niveles de anormalidad–, que Boluarte ofreció una fecha aún más próxima para realizar elecciones, esta vez en diciembre de 2023 y no en abril de 2024, como aceptó apenas hace unos días. Ella, que juró para terminar el periodo de Castillo en julio de 2026, acepta irse en 18 meses más, pero la demanda popular es ahora.

La oferta de la gobernante, que ya envió la reforma constitucional que modifica su mandato y establece elecciones en abril de 2024, pone contra la pared al Congreso, para que la apruebe en las próximas horas, antes de que concluya la legislatura, de modo que como manda la ley pueda ser ratificada en la siguiente, a principios de 2023.

En cuanto a Castillo, quedó para este jueves la definición judicial acerca de si quedará en libertad una vez que venza su detención provisional, a la espera de que la fiscalía le formule cargos y para asegurar que no huya del país. El Ministerio Público pidió al tribunal dictar 18 meses de prisión preventiva mientras indaga la causa por delitos de sedición y levantamiento.

“Respuesta contundente”

Cerca del mediodía, el cada vez más protagonista ministro de Defensa, Alberto Otárola –en desmedro del premier Pedro Angulo Arana, muy en segundo plano–, confirmó que el estado de excepción se prolongará 30 días naturales y que se adopta por “los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos “, lo cual “requiere una nueva respuesta contundente de parte del gobierno”, y que se evalúa disponer el toque de queda.

Se afectarán, dijo, el derecho a reunión –con lo cual las manifestaciones y protestas quedarían impedidas y/o restringidas–, la libertad de tránsito, la inviolabilidad de la vivienda y de libertad y seguridad personales.

En una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el decreto de marras se publicó la tarde de ayer.

Según el gobierno, las protestas están siendo organizadas y dirigidas por “profesionales” y “extremistas” vinculados a los grupos terroristas y/o insurgentes Sendero Luminoso y Túpac Amaru, que operaron en los años 80 y que causaron decenas de miles de muertos. También ha señalado a tres parlamentarios del partido Perú Libre, que llevó al poder a Castillo, como instigadores de la convulsión: Guido Bellido, Guillermo Bermejo y Edgar Tello, al punto que en un canal de televisión se dejaba decir que ellos “generan el caos y terror en todo el país con discursos subversivos que se camuflan en estas protestas”. Adicionalmente se identifica a activistas del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Humanos (Movadef, supuestamente vinculado a Sendero Luminoso) y del Frente Patriótico Nacional, de fomentar la subversión ciudadana, tanto que cierta prensa limeña ha mostrado imágenes de sus rostros fotografiados mientras participaban en las marchas, y que reconocen son proporcionadas por el espionaje policial.

Apenas la noche del martes, el propio Otárola anunció el estado de excepción para las regiones de Ica y de Arequipa y en los 23 mil kilómetros de carreteras del país, para que la policía y el ejército restablezcan el orden público, y para resguardar todo aquello considerado como infraestructura vital.

Tropas acompañadas de blindados se desplegaron en Arequipa, mil kilómetros al sur de la capital, protegiendo edificios públicos y retomando el aeropuerto local. No obstante seguían las manifestaciones aunque en forma pacífica.

En el departamento de Cusco –donde está edificada la ciudad inca y tesoro arqueológico de Machu Picchu, atracción del turismo mundial–, el aeropuerto seguía fuera de operación, con decenas de pasajeros en precarias condiciones en la terminal. El ferrocarril Inca Rail anunció la suspensión de los servicios por la situación en el Cusco.

Llegaban noticias de que en Juliaca, 850 kilómetros al sureste de Lima, la región de Puno, la terminal aérea también estaba cercada por manifestantes y a punto de ser tomada.

Las terminales aéreas de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac están cerradas.

Centenares de turistas internacionales que se dirigían a los vastos destinos interiores que tiene el país, desde la Amazonia y los Andes cordilleranos hasta la extensa costa del Pacífico, permanecen varados en los hoteles de Lima dada la inestabilidad e inseguridad generalizada.

Aparece el “antaurismo”

En una marcha en Lima, destacan unos que van con ropa militar y porte marcial. Son ex militares, muchos vinculados a Antauro Humala (59), un ex militar ultranacionalista que en agosto pasado salió de la cárcel tras pasar 18 años de una condena a 25 por liderar un alzamiento contra el ex presidente Alejando Toledo en 2005.

Uno de sus seguidores, que prefiere no identificarse, habla con La Jornada y explica por qué están ahí.

“Somos ex combatientes militares, aquí en los 80 y hasta 2000 hubo guerra interna, esos jóvenes ya están adultos y somos los que estamos acá. Estamos en contra de lo que está sucediendo en el país. Lo real es que acá al pueblo lo están atropellando, están matando gente del pueblo, están abusando; entonces, no estamos de acuerdo con el Congreso y la presidenta usurpadora no es reconocida”.

Sigue: “los licenciados (jubilados) de las fuerzas armadas hemos hecho un juramento a la bandera, defender la patria cuando estuviera en peligro y ahora está en peligro porque están atacando a gente del pueblo, y el pueblo es el país, la nación de nosotros”.

Y remata: “por dignidad le pido a la señora (Boluarte) que renuncie y cierre el Congreso, le dé libertad al presidente Castillo y se acabó; esto viene de menos a más y no tiene idea de cómo va a crecer; el día jueves (hoy) habrá millones de licenciados acá, de las diferentes armas y ahí que se agarren bien duro”.

En cuanto a la marcha del jueves en Lima, en las cercanías de la capital la policía decomisó sus arcos y flechas a una delegación de la etnia amazónica asháninkas que viajaba hasta acá en tres autobuses para sumarse a la manifestación convocada por el adelantamiento de las elecciones generales, reportó el medio digital Wayka.

Así están las cosas en Perú.

Mientras, los infaltables gallinazos siguen como desde hace siglos sobrevolando la ciudad, con su elegante planeo incesante en busca de carroña, cumpliendo su misión de limpiar la ciudad de mucha escoria.