Washington. El presidente Joe Biden declaró ayer que Estados Unidos “debería sentir culpabilidad social” por la lentitud de las medidas para restringir el acceso a las armas de fuego, en el décimo aniversario de la matanza en la Escuela Primaria Sandy Hook.

Una veintena de estudiantes y seis docentes murieron en la escuela en Newtown, Connecticut, hecho que estremeció a la nación. Biden aprovechó el aniversario para reiterar su llamado a prohibir las armas de asalto como la utilizada en Sandy Hook y los cargadores de gran capacidad.

“Deberíamos sentir culpa social por demorar tanto en abordar este problema”, señaló Biden en un comunicado. “Tenemos la obligación moral de aprobar y aplicar leyes que impidan que vuelvan a suceder estas cosas. Debemos a los valientes jóvenes sobrevivientes y a las familias que perdieron parte de su alma hace 10 años transformar su dolor en acción”.

Biden, quien era vicepresidente en la época de la matanza, recibió la orden del entonces presidente Barack Obama de encabezar las gestiones para ajustar las leyes sobre armamento, pero fracasó. Añadió que él y su esposa, Jill, oraban por las víctimas y sus familias.

Fue apenas a mediados de este año, tras la matanza en mayo en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, que el Congreso aprobó las primeras reformas en varias décadas para prohibir las llamadas “armas fantasma”, que no tienen número de serie. Las exhortaciones de Biden a tomar medidas más agresivas como la prohibición de las armas de asalto se han encontrado con una fuerte oposición en el Congreso.

“Basta ya”, advirtió Biden. “Nuestra obligación es clara. Debemos eliminar estas armas que no tienen otro propósito que el de matar gente en grandes proporciones. Podemos hacerlo, por el bien no sólo de las vidas inocentes perdidas, sino también de los sobrevivientes que aún tienen esperanzas”.

La gobernadora de Oregon, la demócrata Kate Brown, conmutó las sentencias de muerte de 17 personas por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, al recalcar que la pena capital “no puede ser y nunca ha sido administrada de manera justa y equitativa”.

Se trata presumiblemente de la última vez que Brown –gobernadora desde 2015– recurra a su poder legal de impartir clemencia antes de dejar el cargo el próximo 9 de enero de 2023, cuando sea sustituida por la gobernadora electa, también demócrata, Tina Kotek.