Lima. Manifestantes continuaban el jueves bloqueando algunas tramos de carreteras en Perú pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno, mientras la justicia evaluaba una prisión preventiva por 18 meses para el destituido ex presidente Pedro Castillo.

Imágenes de la televisión local mostraron a una fila con decenas de vehículos varados al borde de un carretera clave en la costa al sur de Lima, mientras cientos de manifestantes colocaban piedras en vías de las regiones andinas de Puno, Cusco y Arequipa, en medio de la vigilancia policial.

La Confederación General de Trabajadores de Perú, uno de los mayores sindicatos del país, ha convocado a una "jornada de lucha" para por la tarde en Lima, en medio de las protestas en reclamo por elecciones inmediatas, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Boluarte, que era la vicepresidenta del país, asumió al poder luego de la destitución y arresto de Castillo.

El gobierno de Boluarte decretó el miércoles el "estado de emergencia" nacional y entregó el control del país a las Fuerzas Armadas frente a las protestas, y anunció que se podría realizar las elecciones generales para fines del 2023.

Pero el anuncio de acortar más los plazos de las elecciones no ha frenado las manifestaciones, que hasta ahora han dejado ocho muertos, la mayoría adolescentes, y cientos de heridos entre civiles y policías, según la Defensoría del Pueblo.

Jorge Salinas, presidente de CORPAC -que gestiona los aeropuertos del país-, dijo a Panamericana Televisión que por medidas de seguridad permanecían suspendidos los terminales aéreos de Arequipa, Cusco, Andahuaylas, Juliaca y Ayacucho.

Un juzgado supremo de Perú evaluaba el jueves un pedido de la fiscalía de imponer "prisión preventiva" por 18 meses para Castillo, que había gobernado desde julio del año pasado.

El juzgado tiene plazo hasta el viernes para decidir.

El ex mandatario ha negado las acusaciones de "rebelión y conspiración" y el miércoles, en un mensaje por Twitter, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la ONU que "interceda" por sus derechos.

Castillo ha obtenido cierto apoyo de líderes izquierdistas regionales, incluido el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien calificó su destitución como antidemocrática.

Perú ha vivido años de crisis políticas, con sus votantes hartos de las constantes luchas internas y seis presidentes en los últimos cinco años, luego de renuncias y destituciones.