Madrid. En uno de los debates más broncos, ásperos y enconados de la actual legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó una serie de reformas impulsadas por el Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, entre acusaciones mutuas de “golpe de Estado” y de intentar emular a la dictadura o a los alzamientos militares precedentes.

En cualquier caso, el gobierno y sus socios de izquierda e independentistas sacaron adelante las reformas que condicionarán el futuro inmediato en la política española: la anulación del delito de sedición, la rebaja en las penas de la malversación de caudales públicos y la modificación de la ley que regula el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC), de cara a renovar su mandato después de más de tres años bloqueado por el derechista Partido Popular (PP).

Con una mayoría de 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención, y con la no participación en la votación de los diputados del PP y de Ciudadanos, como señal de protesta, se aprobó la reforma del Código Penal, con la que se deroga, por un lado, el delito de sedición, al tiempo que se aprueban por la vía de enmiendas cambios en la malversación y un nuevo sistema de elección de los magistrados del TC.

Con la aprobación se puso fin a una sesión tensa, en la que la partida se jugaba en dos escenarios: el Parlamento y el propio TC, que convocó a una sesión de urgencia para dirimir si admitía a trámite una denuncia presentada por el PP que afectaba de lleno a la cuestión que se votaba.

Finalmente el alto tribunal decidió aplazar la reunión al lunes ante la complejidad de la cuestión, con lo que dio vía libre al Congreso para votar las enmiendas, si bien todavía tienen que ser aprobadas por el Senado.

En las dos enmiendas se modifica el sistema de elección de los magistrados del TC, se reducen las atribuciones de ese órgano para examinar la idoneidad de los candidatos y se rebajan las mayorías necesarias para que el CGPJ elija a los dos magistrados de la corte de garantías que le corresponde nombrar y así al menos renovar parcialmente el órgano.

En el pleno también se aprobaron los polémicas reformas de los delitos que afectan a los líderes independentistas catalanes que participaron en la declaración unilateral fallida de octubre del 2017 y que les llevó a unos a la cárcel y a otros a refugiarse en otros países para evitar ser juzgados por los tribunales españoles. Con lo que se aprobó la derogación de la sedición y se redujeron las penas de la malversación, lo que permitirá que los principales dirigentes separatistas puedan volver a la política a partir del próximo año, al quedar anuladas y reducidas sensiblemente las penas de inhabilitación para cargo público.