La ministra Norma Lucía Piña Hernández admitió a trámite las controversias constitucionales presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que se acusan de invadir sus esferas jurídicas, luego de que este último órgano autónomo expresó su opinión en favor de la reforma electoral.

Sin embargo, el máximo tribunal negó la suspensión de los actos reclamados solicitada por ambas partes.

La primera controversia es la 235/2022, interpuesta por la CNDH para impugnar el comunicado emitido por el INE el pasado 30 de octubre, donde afirma que la comisión tiene “una prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral”.

Señala que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama hicieron declaraciones en las que afirmaron que la CNDH no tiene facultades para defender los derechos políticos de los ciudadanos, “siendo inexacto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así lo disponga”.

En su solicitud, la CNDH pide a la SCJN que suspenda el acto reclamado, pero la ministra Piña se negó a esta petición.

“Derivado de la lectura del escrito de demanda y anexos, del acto materia de la controversia y de las circunstancias y características particulares del caso, no se desprenden elementos suficientes para conceder la suspensión”, señala el acuerdo publicado por la SCJN.

En respuesta a esta controversia, el INE interpuso también la suya, la cual quedó registrada con el número 239/2022, en la que impugna la recomendación general 46/2022 de la CNDH, donde toma postura en favor de la reforma electoral, al señalar que “recomienda la trasformación del pueblo a la democracia.”

En este caso, el organismo comicial demandó a la SCJN que la CNDH retire de su sitio de Internet la recomendación general y los pronunciamientos, al afirmar que “denuesta la función electoral del INE, transgrede su autonomía con una clara intencionalidad de desacreditar y desprestigiarlo, e impulsa reformas electorales que tienen por objeto mermarlo y provocar desconfianza en la ciudadanía”.

También pide que la Corte prohíba a la CNDH emitir cualquier otro pronunciamiento en materia electoral “que quebrante el orden constitucional e invada las competencias del INE”.

Como las peticiones de suspensión de ambas partes fueron rechazadas, ninguno de sus dichos será retirado hasta en tanto el pleno de la SCJN resuelva ambas controversias constitucionales.