El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en la que se establece la creación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, mismo que sustituye al Consejo Nacional de ciencia y tecnología (Conacyt).

Además, define que el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se integra por el Consejo Nacional; la Secretaría de Educación Pública y demás dependencias federales que fomenten, realicen o apoyen actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación; así como las universidades e instituciones de educación superior, entre otros.

Respecto a la distribución del presupuesto público para este fin, se establece que los recursos públicos que destine el gobierno federal para el fomento y apoyo de las actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación “se canalizarán, preferentemente, de manera directa a las personas becarias humanistas, científicas, tecnológas e innovadoras a través de programas presupuestarios, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.

En tanto, las dependencias "se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos que evadan lo previsto” en dicha Ley.

En el documento enviado por el Ejecutivo federal, y que fue remitido por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también se plantean reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y a la Ley de Planeación.

Con ello, se abroga la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Dentro de la iniciativa se recalca que derivado de modificaciones constitucionales avaladas en mayo de 2019, para reconocer a nivel constitucional el derecho humano a la ciencia, entendido como el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, se ordenó al Congreso de la Unión emitir una ley en esta materia.

En la argumentación de la propuesta se indica que el Conacyt creó fideicomisos millonarios, y del año 2001 al 2018, “bajo el supuesto fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”, transfirió a empresas privadas más de 45 mil millones de pesos, “en su mayoría, eran grandes empresas nacionales y transnacionales que no requerían el apoyo del Estado”.

De igual forma, se apunta que “el Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística o científica, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas”.

Tras ser recibida la iniciativa en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se instruyó enviarse a las comisiones unidas de Educación, y de Ciencia, Tecnología e Innovación para dictamen; así como a las comisiones de Gobernación y Población, y de Presupuesto y Cuenta Pública para formular una opinión sobre la propuesta.