La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) constató que al menos nueve elementos de la Guardia Nacional y del Servicio de Protección Federal, con el consentimiento del personal de migración, agredieron a 28 migrantes, entre ellos dos adolescentes, mientras se encontraban en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, en marzo de 2020.
De acuerdo con las denuncias de 11 personas, que fueron corroboradas por la Comisión, al momento que un grupo de casi cien migrantes de Honduras y El Salvador realizaban una protesta en el patio de la estación migratoria por la estancia prolongada y la falta de información, así como de una resolución en sus trámites migratorios, algunos de ellos intentaron escapar subiendo por la barda perimetral.
Un par de horas después, “elementos de la Guardia Nacional ingresaron a la estación migratoria portando equipo antimotines con la finalidad de disuadir al grupo protestante”. A 24 de los manifestantes los trasladaron a los baños, “donde se les agredió física y verbalmente” y finalmente fueron remitidos a otras estaciones migratorias en la entidad, indicó la CNDH por medio de un comunicado.
En una recomendación emitida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración (INM), se indica que los migrantes sufrieron contusiones provocadas posiblemente por “bastones, martillos, barras de hierro, piedras o superficies dura como el piso o la pared.
“Quedó acreditado que el personal de la Guardia Nacional y del Servicio de Protección Federal hicieron uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”, porque, además, “atentaron contra la integridad de personas que ya habían sido neutralizadas y contra otras más que no participaron en el motín”, como el caso de los dos adolescentes.
El organismo nacional expuso que no se cumplió con el principio de máxima protección e inmediatez en favor de las personas en situación de vulnerabilidad ni con el principio del interés superior de la niñez.
En conjunto con la reparación del daño para las víctimas, solicitó el inicio de un proceso de investigación contra los elementos responsables, así como las sanciones que se establezcan conforme a la ley.