Lima. La situación continúa descomponiéndose en Perú al confirmarse la muerte de al menos otras cinco personas durante la jornada de protestas de ayer, a la vez que se multiplicaban por doquier los bloqueos de carreteras, mientras el gobierno intentaba infructuosamente imponer autoridad y tomar el control, advirtiendo que será implacable en restablecer el orden público.

Para nada pareció surtir efecto en aplacar el descontento el anuncio hecho la madrugada del lunes por la presidenta Dina Boluarte de que promoverá un proyecto de ley para adelantar a abril de 2024 las elecciones generales, acortando en dos años el periodo de gobierno que pretendía terminar en julio de 2026.

Al contrario, actores y observadores políticos dijeron que era insuficiente y tardío el anuncio y que, dada la creciente y de momento imparable convulsión, lo que corresponde es su renuncia inmediata, lo que facilitaría un llamado a comicios generales tres meses después de ejecutada.

Los cadáveres de las víctimas, tres de ellas menores de edad, han tenido el efecto de multiplicar la indignación y la rabia transformadas en protesta y violencia callejera.

El Frente Agrario y Rural de Perú tiene previsto lanzar un “paro indefinido” para forzar la liberación de Pedro Castillo a partir de hoy, mientras la Federación de Estudiantes de Perú (FEP) estallará una huelga indefinida el jueves 15 en demanda de cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales y consulta para una nueva Constitución.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, afirmó que “está absolutamente descartado” que vaya a renunciar Boluarte, al tiempo que anunciaba que se impondrán estados de emergencia en todos aquellos lugares donde se considere necesario y que la fuerza pública, incluido el ejército, actuarán con firmeza para reabrir las carreteras, controlar las ciudades y restablecer el orden público.

También adelantó la destitución inmediata de todos los prefectos de la administración de Castillo, porque estarían “azuzando” el descontento ciudadano. Un prefecto es una autoridad administrativa regional, representante del gobierno que tiene a su cargo la administración y seguridad del territorio a su cargo.

Mientras, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana, al terminar una comparecencia en el Congreso, afirmó: “queremos hacer gestión, pero ahora estamos atendiendo la crisis, aparecimos en la crisis y es lo que estamos llevando, no queremos que escale”, agregando que “el Estado no va a ser colocado contra la pared”.

La Fiscalía de la Nación, en tanto, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el ex presidente Pedro Castillo y sus ex ministros y principales asesores Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por el presunto delito de rebelión y conspiración.

Se responsabiliza a Castillo de ser presunto coautor del delito de rebelión contra los poderes del Estado y el orden constitucional.

Quitan fuero al depuesto gobernante

La madrugada de ayer, en una caótica sesión, el Congreso quitó con 67 votos a favor y 45 en contra el fuero especial al ex presidente Castillo, allanando así el camino hacia un juicio por su intento de la pasada semana, cuando anunció la disolución del Parlamento y decretó un gobierno de excepción.

Pero las cosas están a tal punto revueltas que algunos congresistas –incluso adversarios de Castillo– denunciaron que el Parlamento y la Fiscalía actuaron de manera ilegal, porque antes de quitar la inmunidad al ex gobernante, correspondía que el Ministerio Público precisara los cargos; sucedió exactamente al revés: los parlamentarios le quitaron el fuero antes de que se señalaran los presuntos delitos cometidos.

La Dirección Regional de Salud de Apurímac confirmó el deceso de cinco personas por las protestas en dicha región. Cuatro en la provincia de Andahuaylas y uno en la aledaña provincia de Chincheros.

En Andahuaylas, región de Apurímac, se suceden los enfrentamientos desde el fin de semana y el despacho de una televisora indicó que aquella es una ciudad tomada y bajo control de los manifestantes.

El otro fallecido, un hombre de 38 años, se reportó en Arequipa, mil kilómetros al sur de Lima, escenario de masivas protestas que incluyeron la ocupación por unas mil 500 personas de la pista y destrucción de instalaciones del aeropuerto internacional de esa ciudad, que debió cesar las operaciones aéreas; y también el vandalismo en un complejo industrial de procesamiento de lácteos que fue incendiado y que ardió por completo.

En Lima, alrededor de las 21:30 (hora local), en la calle Jirón de La Unión, a unas 10 cuadras de la casa de gobierno, un joven murió desangrado en el suelo por un disparo que lo alcanzó en el cuello y que, según testigos, fue percutado por policías. En el piso quedaron restos de sus efectos personales y abundantes rastros de sangre. Sería esta la séptima muerte constatada.

Carreteras principales –entre ellas la Panamericana Norte y Sur– y secundarias continúan bloqueadas en decenas de puntos a lo largo de la costa del Pacífico y también en las serranías del interior; comienza a temerse por el abastecimiento de alimentos en las grandes ciudades.

En Cusco, miles de personas salieron a las calles, los estudiantes ocuparon la universidad de San Antonio Abad y había la sospecha de que intentarían tomar el aeropuerto local.

En el centro histórico de Lima, en las proximidades del Congreso y de la Fiscalía, hubo también enfrentamientos, cuando manifestantes trataron de ingresar a los edificios y, por la noche, la fachada de Panamericana de Televisión fue apedreada y sus ventanas rotas, en tanto que un vehículo de prensa con sus ocupantes adentro fue volcado.

En la histórica Plaza San Martín, los partidarios de Castillo, en general personas de características sociales muy humildes según puede constatarse, permanecen reunidos, cabildeando, expresando su molestia y sus intenciones de reponer al destituido presidente. Y hasta ahí están llegando campesinos y ronderos (organización comunal de defensa autónoma en las zonas rurales) que vienen de provincias.

“¡Por culpa del Congreso el pueblo está en las calles!” “¡El pueblo unido jamás será vencido!” “¡Insurgencia popular!”, son algunas de las consignas.

Una de las características que parecen tener las movilizaciones provocadas por la destitución del presidente Pedro Castillo, es la ausencia de líderes principales o de una organización única que las coordine, sino que parecen ser manifestaciones más o menos auto convocadas y/o con cierto grado de espontaneidad y por diferentes causales, dependiendo de la región: la disolución del Congreso, la renuncia de Boluarte, la convocatoria a una constituyente, la liberación de Castillo y su reinstalación, el costo de la vida, problemas agrícolas y de la sequía, etcétera.

Al respecto debe recordarse que Perú tuvo 220 mil muertos durante la pandemia del covid-19 y que salió de ella en una situación muy precaria; de acuerdo con la Organización Mundial de Alimentos, es el país más vulnerable de América Latina en seguridad alimentaria con 50 por ciento de la población en situación de riesgo, y prevalece una ingente inseguridad ciudadana.

De momento las protestas se concentran en el sur agrario y andino del país, donde Castillo arrasó y construyó su triunfo en las elecciones de 2021.

“A Castillo lo han maltratado, lo han ninguneado, él tenía 30 por ciento de aprobación y eso se concentra en el sur del país, y ante el maltrato y humillación que se percibe desde sus electores, se han exacerbado los ánimos contra el Congreso y la principal demanda es el cierre. Estamos en una situación muy compleja que requiere un presidente del Consejo de Ministro de polendas, que desgraciadamente no tenemos, se requiere un proceso negociador importante y en lo inmediato evitar que siga muriendo gente, ese es el principal deber del Estado”, explicó el analista político Alonso Cárdenas.

En una carta que divulgó desde su cuenta de Twitter, Castillo aseguró que se encuentra “en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”, y acusó a Boluarte de ser una “usurpadora”.