En artículos anteriores, al comienzo de este espacio en La Jornada, decíamos que la industria nuclear no debió ser marginada en las décadas de los 60 y 70, años en los que pudo perfilarse como la abastecedora de una fuente de energía limpia para obtener electricidad. Y, sobre todo, aprovechar la oportunidad de contar con una industria nacional independiente de los recursos extranjeros.

Es a partir de los primeros años de la década de los 70, cuando las políticas públicas sobre nuestra industria energética se someten a las exigencias de productividad de energía, básicamente, de Estados Unidos.

Afortunadamente, no desaparecieron instituciones como la empresa Uranio Mexicano, el Instituto Nacional de Energía Nuclear y otros que se transformaron en varias entidades. Es a partir de 1979 cuando comienza la política de rechazo a la fuente de uranio.

Podríamos llamarle a los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari “los sexenios de la desgracia para la industria nuclear nacional”. A partir de entonces, no tuvimos una fuente limpia alternativa para generar electricidad.

En 1978, durante el Foro Nuclear Nacional que se llevó a cabo en la Ciudad de México y que convocó a 13 instituciones, entre ellas, la Academia Mexicana de Ciencia y Tecnología Nucleares y al Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Energía Nuclear, se expuso la situación de ese momento, no sólo del sector eléctrico, sino también del futuro para la soberanía energética.

Coincidimos en que el tema energético se tomaba en cuenta más por la cantidad que por la calidad. Esta reflexión generó la preocupación por agregar a las políticas públicas ambos aspectos, el cuantitativo y el cualitativo.

Sin embargo, el desarrollo de esta prometedora industria se fue relegando en la medida en que la economía nacional se petrolizaba, sin hacer hincapié en la moderación de la exploración y el despilfarro en su extracción.

Continuamos, de alguna forma, dependientes de las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de los vaivenes de la geopolítica mundial. Aunque, según lo señaló Rocío Nahle, secretaria de Energía, durante su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado de la República, la situación en el país está cambiando a favor de la soberanía energética, tan necesaria para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía.

Pero no es únicamente el crecimiento y desarrollo, ambos aspectos están ligados incuestionablemente a los programas y políticas universales para lograr la disminución del dióxido de carbono (CO2). Estamos hablando de una situación urgente que amerita el llamado general a las naciones del mundo para que disminuya el flujo neto de las divisas petroleras a las arcas de los países que lo transforman. De esta forma, las naciones que venden su crudo, podrían contar con más recursos para la aplicación de los programas de saneamiento ambiental.

Estamos de acuerdo con el senador Alejandro Armenta Mier, quien indicó en la comparecencia antes citada que la soberanía energética se describe en dos palabras; pero la dimensión que implica es enorme. La soberanía en el sector es un anhelo de todos los países en el mundo.

Nos mueve la tarea enorme para cumplir con los compromisos ambientales. En el pasado reciente, ocupamos el cuarto lugar como nación productora de petróleo, lugar que no se pudo conservar por diversas razones, entre ellas se cuentan la petrolización de la economía, el despilfarro de recursos para la exploración, una extracción exacerbada y, por supuesto, un alto grado de corrupción que generó devastación y declive de la industria petrolera mexicana. Es aquí cuando nos damos cuenta de la importancia que tienen las estaciones nucleoeléctricas como fuente alternativa de energía limpia. Aunque contamos con la instalada en Laguna Verde, Veracruz, ésta no es suficiente para cubrir la dimensión territorial del país.

Y si bien, no se persigue llegar nuevamente al cuarto lugar en producción de hidrocarburos, lo que sí se pretende es la autonomía y la repartición de la riqueza generada por este recurso natural no renovable. Buscamos la independencia energética. Perseguimos resultados positivos en el programa contra el calentamiento global y la disminución efectiva de la huella de dióxido de carbono.

Aunque la secretaria Nahle no se refirió ampliamente a la industria nuclear, seguimos trabajando para mejorar las propuestas en esta polémica área. Tenemos los recursos naturales, la experiencia y la voluntad política para estimular la integración del uso del uranio para colaborar con los programas ambientalistas y para la transición energética, a la cual Nahle se refirió como un paso mucho más amplio que el uso de un energético limpio, por otro contaminante.

La transición es, precisamente, ir paso a paso borrando la huella del CO2. Tarea que nos compete a la ciudadanía y a los gobiernos federal y estatales, sin la intermediación de las ideologías que han retrasado los resultados positivos.

Twitter: @AntonioGershens