Abogados laboralistas, especialistas en la materia y sindicalistas reclamaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el cierre de seis Juntas Especiales que concentran casos en el ramo minero y de seguridad social, lo que a su juicio “limita el acceso a la justicia” a los trabajadores y va en contra del compromiso que se estableció en la reciente reforma laboral de agotar los miles de expedientes rezagados.

Las Juntas Especiales que serán suprimidas son la 47, Cananea, Sonora; 41, Hidalgo del Parral, Chihuahua; 27, ciudad de Durango, Durango; 52, Ciudad del Carmen, Campeche; 53, Guadalupe, Zacatecas, y 57, Colima, Colima. Los expedientes en trámite en estas instancias se reasignarán a otras ubicadas en las capitales de esas entidades, explicó Eladio Abundiz, del Frente Auténtico del Trabajo.

En un foro de discusión realizado en la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Luis Portillo Bencomo, coordinador de Administración de la JFCA, rechazó que se “debilite la impartición de justicia” y que haya reducción de personal o presupuesto en las Juntas.

Mariano Cordero, vicepresidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, señaló que un “cierre digno” de las juntas de conciliación debe darse con base en el decreto publicado en mayo de 2019, respetando los transitorios séptimo y octavo, que indican que esas instancias quedarán operando hasta en tanto no se resuelva el rezago de expedientes.

El abogado, con más de 40 años de experiencia en materia laboral, subrayó que han presentado 10 amparos en contra del acuerdo de noviembre pasado de la Secretaría del Trabajo, que establece la disminución de Juntas Especiales y se recarga el trabajo en las salas más grandes, además de los gastos que implica para los trabajadores viajar a las audiencias.

Portillo argumentó que el cierre de dichas instancias atiende a la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1º de mayo de 2019. “Se tenía presente el cierre de las Juntas de forma paulatina y ordenada”, mientas la apertura de oficinas auxiliares –que operarán a partir de enero– estaba prevista en el plan de trabajo para la conclusión de los asuntos en trámite, publicado en octubre de ese año.

Dijo que era necesario “renovar el personal”, ya que “ante la inminente posibilidad de perder” su empleo, funcionarios de entre 20 y 30 años de antigüedad realizan “prácticas dilatorias”.

Cordero, miembro del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, mencionó que se tenían programados pagos de indemnizaciones a mineros y reinstalaciones de trabajadores, pero “eso se retrasará, además de que están obligando a la gente a negociaciones muy por debajo de sus derechos”.

El abogado Óscar Alzaga anotó que en Hidalgo del Parral y Cananea prevalece la actividad minera y hay alta incidencia de conflictos laborales por despidos que llevan años sin ser resueltos.

De acuerdo con datos oficiales, el presupuesto de la JFCA se ha reducido, al pasar de 915.3 millones de pesos, en 2018, a 743.8 millones aprobados en 2022.