Ante la negativa rotunda de la oposición a discutir una reforma constitucional en materia electoral, entre el martes y la madrugada del miércoles los diputados de Morena y sus aliados aprobaron el llamado plan B, es decir, una serie de modificaciones a leyes secundarias que tienen como propósito acotar las arbitrariedades del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como reducir, en la medida de lo posible, el despilfarro en estos entes y racionalizar sus estructuras administrativas.
Sin embargo, tan pronto la iniciativa fue remitida al Senado para su discusión, generó revuelo la presencia de un par de añadidos que no se encontraban en la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La nueva redacción contempla una suerte de “blindaje” a los partidos pequeños, pues les facilita conservar su registro cuando no obtengan 3 por ciento de la votación nacional como lo establece la ley vigente. Por otra parte, habría permitido a los partidos hacer “guardaditos” al habilitarlos para “realizar ahorros en un ejercicio fiscal a fin de poder ejercerlo en años posteriores”, algo prohibido por disposiciones presupuestales. Según trascendió, al menos la primera de dichas modificaciones fue impulsada por el PT y el PVEM.
En respuesta a estos cambios, el titular del Ejecutivo manifestó que eliminaría su iniciativa o enviaría una nueva si la enmienda “es grave”, y posteriormente se refirió como “travesuras” de un duende a los agregados que los legisladores ya se comprometieron a quitar. El coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que la inclusión de estos puntos fue un “yerro procedimental” cuyo contenido reconoció como inconstitucional, postura secundada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Este último señaló que la minuta modificada se regresará a la Cámara de Diputados y se votará en el Senado la próxima semana.
Los ires y venires de la iniciativa presidencial evidencian una falta de cuidado por parte de los diputados oficialistas al tramitar la reforma electoral. Esta desprolijidad es censurable en cualquier procedimiento legislativo, pero resulta de particular gravedad cuando lo que está en juego es uno de los temas más polémicos en la actualidad política mexicana, el que ha provocado mayores reacciones entre los opositores a la Cuarta Transformación y que, por ello, se encuentra sujeto al máximo escrutinio por parte de los adversarios del gobierno federal.
Este contexto debería mover a los representantes populares a aplicarse con diligencia en cada paso del proceso de revisión, discusión y aprobación de los cambios en materia electoral, pues de otro modo dan a la oposición política y mediática argumentos para deslegitimar la urgente reforma a unas instituciones que en su actual configuración resultan onerosas, disfuncionales y son obstáculos más que facilitadoras de la democracia. Cabe esperar que en los días sucesivos se enmienden los errores cometidos y se aborde con la debida meticulosidad un proceso que entraña la mayor importancia para la construcción de una auténtica democracia.
