La Comisión de Derechos Humanos (CDH) abrió dos expedientes de queja por lo ocurrido el 2 de diciembre en San Gregorio Atlapulco. En la primera visitaduría se investiga el zafarrancho entre policías y habitantes de la comunidad, que dejó 21 uniformados lesionados al igual que tres pobladores.

La comunidad mantiene un plantón desde hace una semana porque dicen no haber sido consultados como un pueblo originario.

A pesar de que se ha informado que la instalación ayudará a desahogar aguas residuales, temen que las autoridades realicen una conexión que los dejará sin agua, pese a que ya padecen escasez.

La visitaduría indaga presuntas violaciones contra la comunidad que exige su derecho al agua potable. No obstante, su intervención no ha sido aceptada por todos los habitantes que se negaron a la propuesta del secretario de Gobierno, Martí Batrés, de instalar una mesa de negociación en la sede de la CDH.

En las asambleas una de las principales exigencias ha sido que nadie que no pertenezca a San Gregorio pueda participar ni estar presente.

Acusan al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, de utilizar a trabajadores de su gobierno y grupos de choque contra su movimiento. Recordaron que las mesas de diálogo en la alcaldía en varias ocasiones se suspendieron sin aviso, e incluso el mismo día de la cita les notificaban.

Aunque las autoridades han señalado que las obras fueron solicitadas por ellos, confirman su negativa a la consulta que demostraría la aceptación.