La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó la inexistencia del uso indebido de recursos públicos atribuidos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entre otros, por el uso de una aeronave de la Guardia Nacional que, según la queja del PAN, fue utilizada para trasladarse a actos proselitistas.

“En el primer caso existen indicios del uso de una aeronave de la Guardia Nacional para acudir a reuniones de seguridad como parte de sus atribuciones en dicha materia”, se indica en el proyecto aprobado este jueves.

Respecto de la participación de otros funcionarios mencionados en la queja, se dijo que no se les otorgó ese tipo de apoyos para trasladarse a eventos de Morena en Torreón y Hermosillo, en el contexto de la realización de la consulta de revocación de mandato.

Asimismo, con base en una nueva investigación de la sala especializada, por orden de la sala superior, se indicó que las otras 11 personas que viajaron en la aeronave fueron integrantes de los equipos de trabajo de los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Guardia.

La identificación de las personas de la Guardia Nacional es información reservada por razones de seguridad pública.

Sin embargo, la sala especializada sí acreditó promoción de la revocación de mandato en los eventos referidos “porque hubo indicios que evidencian la participación” del dirigente de Morena, Mario Delgado.

También se acreditó la falta de “deber de cuidado” de este partido porque no vigiló que la conducta de su presidente nacional estuviera apegada a la norma, por lo que se impuso al dirigente una multa de 24 mil 55 pesos y a Morena de 19 mil 244 pesos.

En otro asunto, igualmente de los ecos de la revocación de mandato que se realizó en abril pasado, la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador como responsable indirecto, en su calidad de superior jerárquico, de la difusión, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, de propaganda en periodo prohibido (también revocación de mandato) a cargo de distintos funcionarios.

La sala especializada resolvió que no está acreditada esa responsabilidad del Presidente de la República, luego de que el director de Pemex y el secretario de Agricultura expusieron datos relativos al programa de entrega de fertilizantes, porque no ordenó la divulgación denunciada.