El 6 de junio de 2021 fue una fecha que conmocionó a muchos en la oligarquía peruana. Pedro Castillo Terrones, maestro rural que nunca había sido elegido para un cargo público, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con algo más de 50.13 por ciento de los votos. Más de 8.8 millones de personas votaron por el programa de Castillo –que incluía profundas reformas sociales y la promesa de una nueva Constitución– frente a la candidata de la extrema derecha, Keiko Fujimori. En un giro dramático de los acontecimientos, el programa histórico de neoliberalismo y represión, transmitido por el ex dictador Alberto Fujimori a su hija Keiko, fue rechazado en las urnas.

Desde ese día, aún incrédula, la oligarquía peruana le declaró la guerra a Castillo. Convirtieron los siguientes 18 meses en un periodo de gran hostilidad para el nuevo presidente, intentando desestabilizar su gobierno con un ataque múltiple que incluía un importante uso de la guerra legal. Llamando a “botar el comunismo”, la Sociedad Nacional de Industrias (principal grupo empresarial de la oligarquía) diseñó su plan para que el país fuera ingobernable por Castillo.

En octubre de 2021, se hicieron públicas grabaciones que revelaban que desde junio de 2021, este grupo de empresarios, junto con otros miembros de la élite peruana y líderes de los partidos de la oposición de derechas, habían estado planeando una serie de acciones que incluían el financiamiento de protestas y huelgas. Grupos de antiguos militares, aliados con políticos de extrema derecha como Fujimori, empezaron a pedir abiertamente el derrocamiento violento de Castillo, amenazando a funcionarios del gobierno y a periodistas de izquierda.

La derecha en el Congreso se sumó a estos planes e intentó destituir a Castillo en dos ocasiones durante su primer año de mandato. “Desde mi toma de posesión como presidente el sector político no ha aceptado la victoria electoral que nos dio el pueblo peruano”, señaló Castillo en marzo de 2022. “Entiendo la facultad del Congreso para ejercer la fiscalización y el control político; sin embargo, estos mecanismos no pueden ejercerse mediando el abuso del derecho, proscrito en la Constitución, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas”, enfatizó. Resulta que varios de estos legisladores, con apoyo de una fundación alemana de derecha, también se habían estado reuniendo para ver cómo modificar la Constitución con el fin de destituir rápidamente a Castillo.

La clase gobernante de la oligarquía peruana nunca pudo aceptar que un maestro rural y líder campesino pudiera ser llevado a la presidencia por millones de pobres, negros e indígenas que veían en Castillo la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, ante esos ataques, Castillo se fue distanciando cada vez más de su base política. Formó cuatro gabinetes diferentes para apaciguar a los sectores empresariales, cediendo cada vez más a las exigencias de la derecha de destituir a los ministros de izquierda que desafiaban el statu quo. Rompió con su partido, Perú Libre, cuando fue abiertamente cuestionado por sus dirigentes. Pidió ayuda a la ya desacreditada Organización de Estados Americanos para buscar soluciones políticas, en lugar de movilizar a los principales movimientos campesinos e indígenas del país. Al final, Castillo luchaba solo, sin apoyo de las masas ni de los partidos de la izquierda.

La crisis final para Castillo estalló el 7 de diciembre. Debilitado por meses de acusaciones de corrupción, luchas internas de la izquierda y múltiples intentos de criminalizarlo, Castillo fue finalmente derrocado y encarcelado. Fue sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien se juramentó en el cargo después de que el Congreso destituyó a Castillo con 101 votos en favor, seis en contra y 10 abstenciones.

La votación se produjo poco después de que el país recibió el anuncio televisado de que Castillo disolvería el Congreso. Lo hizo de forma preventiva, tres horas antes del inicio de la sesión del Congreso en la que se iba a debatir y votar una moción de destitución por “incapacidad moral permanente” debido a las denuncias de corrupción que se indagan. Castillo también anunció el inicio de un “gobierno excepcional de emergencia” y la convocatoria de una asamblea constituyente en nueve meses. Dijo que, hasta que se instalara la asamblea constituyente, gobernaría por decreto. En su último mensaje como presidente, también decretó toque de queda a partir de las 10 de la noche. Ésta, al igual que sus otras medidas, nunca se aplicó. Horas después, Castillo fue derrocado.

Boluarte se juramentó ante el Congreso mientras Castillo era detenido en una comisaría. En Lima estallaron manifestaciones, pero ninguna lo bastante multitudinaria como para revertir el golpe, que llevaba casi un año y medio gestándose, el último en la larga historia de violencia de América Latina contra las transformaciones radicales.

El golpe contra Pedro Castillo supone un duro revés para la actual oleada de gobiernos progresistas de América Latina y para los movimientos populares que los eligieron. Este golpe y la detención de Castillo son un duro recordatorio de que las élites gobernantes de América Latina no cederán ningún poder sin una lucha encarnizada hasta el final. Y ahora que el polvo se ha asentado, los únicos ganadores son la oligarquía peruana y sus amigos de Washington.

* Codirector ejecutivo de People’s Forum y miembro del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Artículo producido para Globetrotter