Brasilia. El Senado de Brasil dio ayer una primera victoria legislativa a Luiz Inácio Lula da Silva al aprobar una enmienda constitucional que permitirá cumplir su promesa electoral de mantener millonarias ayudas sociales durante los primeros dos años de su gobierno.
El texto, que libera para el futuro gobierno del presidente electo 145 mil millones de reales (28 mil millones de dólares) fuera del techo de gastos en los próximos dos años, obtuvo una amplia mayoría de los 81 senadores (64-16 y 64-13) en dos votaciones consecutivas en el plenario de la Cámara alta la noche del miércoles.
El proyecto se envió para el análisis de la Cámara de Diputados, donde se prevé que comiencen a tratarlo la semana próxima.
Con un apoyo mayor a los 49 votos necesarios, la enmienda constitucional (PEC) permitirá mantener una asistencia de 600 reales (114 dólares) y otros 150 reales adicionales por cada niño menor de seis años para las familias más necesitadas.
También prevé fondos para farmacias populares, meriendas escolares y aumento de salario mínimo.
Estas erogaciones están contempladas en el programa Auxilio Brasil, que volverá a llamarse Bolsa Familia, nombre que tenía durante los primeros dos gobiernos (2003-2010) de Lula.
“Es una PEC de salvación nacional, un pacto de la sociedad brasileña contra el hambre”, defendió el senador Marcelo Castro, coautor del proyecto durante el debate.
La crisis por falta de recursos para comida afecta a 33.1 millones de los 215 millones de personas en esa nación, según la Red Brasileña de Investigación de Soberanía y Seguridad Alimentaria.
Su colega Marcos Rogerio, del Partido Liberal del presidente saliente Jair Bolsonaro, aseguró que el texto representa un “cheque en blanco” para el gobierno de transición. “El país corre un serio riesgo de volver al escenario de 2015 y las conocidas pedaladas fiscales”, afirmó, en referencia al maquillaje de cuentas públicas por el que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), delfín de Lula.
El texto, que representaba el primer desafío de Lula para lograr gobernabilidad cuando asuma la presidencia el primero de enero, ha sido objeto de duras negociaciones en el fragmentado Congreso.
El gobierno de transición inicialmente pedía hasta 198 mil millones de reales fuera del techo de gasto y por un plazo de cuatro años.
Los mercados han seguido con nerviosismo los debates ante los temores de un aumento desmedido del gasto público durante el gobierno de Lula.
El texto aprobado prevé que el gobierno entrante envíe hasta el 31 de agosto del año que viene un nuevo proyecto de regla fiscal.
