Washington. Osama bin Laden fue aniquilado por las fuerzas estadunidenses hace más de una década, pero el presidente Joe Biden declaró ayer que Estados Unidos seguirá usando los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S ) como la principal justificación legal para continuar las aparentemente incesantes acciones militares y detenciones alrededor del planeta –desde Siria hasta Filipinas o Guantánamo en Cuba.

El presidente estadunidense reportó ayer las operaciones militares estadunidenses bajo la autorización que el Congreso otorgó a la Casa Blanca en respuesta a los “atentados terroristas” del 11 de septiembre hace 21 años.

Bajo la Constitución estadunidense, el Congreso posee el poder exclusivo para hacer declaraciones de guerra y aprobar el uso de fuerza militar. Pero, señalan críticos, el Congreso esencialmente ha abdicado su responsabilidad desde poco después del 11-S cuando el Poder Legislativo aprobó –con un voto solitario en contra– una autorización de guerra que, en efecto, es un “cheque en blanco” para acciones beligerantes.

La Autorización para el Uso de Fuerza Militar de 2001 sencillamente afirma que el presidente está facultado para emplear “toda la armada necesaria y apropiada contra naciones, organizaciones o personas que el Ejecutivo determine que planearon, autorizaron, cometieron o asistieron los atentados terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001”.

Desde esa fecha, según informes del Legislativo y el Proyecto de Costos de Guerra de la Universidad Brown, cuatro presidentes de ambos partidos han empleado esa autorización para justificar bombardeos, operaciones de drones, combates, detenciones y otras actividades militares en por lo menos 22 países.

Estados Unidos tiene recursos militares sin igual en el mundo, incluyendo más de 750 bases castrenses en 80 países extranjeros y un vasto programa de capacitación militar para foráneos en la que participación casi 34 mil estudiantes de 152 países en 2020.

Además, hay autorizaciones secretas para acciones militares encubiertas, ataques con drones y asesinatos.

Ante la Organización de Naciones Unidas, en 2021 Biden declaró que “por primera vez en 20 años Estados Unidos no está en guerra”. Sin embargo, este reporte sobre el uso de la autorización de acciones militares entregado al Congreso por el presidente sugiere que las operaciones bélicas justificadas bajo esa misma ley de 2001 continúan hoy día en más de un docena de países –y éstas son sólo las que están identificadas en la versión no clasificada del reporte.

La diputada demócrata Barbara Lee, la única legisladora que se atrevió a oponerse a la autorización de guerra en 2001, ha intentado repetidamente de anular esta ley y obligar al Congreso a votar cada vez que el gobierno estadunidense desea desatar su fuerza militar, pero mayorías bipartidistas en ambas cámaras se han resistido a estos esfuerzos. “La guerra sin fin continúa mientras el Congreso sigue abdicando su responsabilidad”, afirmó Lee.

Aunque han rehusado poner fin a las autorizaciones de beligerancia, la Cámara baja aprobó ayer un proyecto de ley sobre gasto militar para este año por un total sin precedente de 857 mil millones de dólares –más de 44 mil millones más de lo que había solicitado el presidente Biden–. Jeremy Scahill escribió en The Intercept ayer: “El caucus por la guerra siempre gana y el proyecto de ley de gasto de defensa de 857 mil millones de dólares llena los bolsillos de los contratistas y empuja a Estados Unidos hacia una nueva guerra fría”.