Resulta que el intento del ahora ex presidente peruano, Pedro Castillo, de disolver el Congreso (es decir, el “ilegal autogolpe de Estado”, como lo ha calificado la derecha mediática) está amparado por la Constitución de aquella nación sudamericana. De hecho, desde la inicial negativa del Legislativo de avalar el primer Consejo de Ministros del defenestrado mandatario, en julio de 2021, propios y extraños advirtieron que “un segundo rechazo podría llevar al mandatario a ejercer su facultad constitucional de cerrar el parlamento”.
Desde la toma de posesión de Castillo, en julio del año pasado, la derrotada candidata a la presidencia Keiko Fujimori aseguró que su partido “será un firme muro de contención frente a la amenaza latente de una nueva Constitución comunista”, pero en vía de mientras la vigente (desde 1993, hechura del padre de esa política histérica y trasnochada militante del macartismo) permite disolver el Congreso a quien ocupe la jefatura de Estado.
La Constitución Política de Perú establece en su artículo 117 (“excepción de la inmunidad presidencial”) que “el Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
¿Y qué mandata el artículo 134 (“disolución del Congreso”) de la misma Constitución: “el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto”.
Cierto es que Castillo cometió graves errores en el ejercicio del cargo y que no mostró mucha habilidad a la hora de manejar la recurrente crisis política financiada y alimentada por la derecha peruana, pero lo cierto es que aquella amenaza de la impresentable Keiko Fujimori (y lo que representa) se convirtió en programa de acción permanente del Congreso.
La falta de oficio político y de cuidado de Castillo quedó más que confirmada cuando todo se le vino abajo y tomó el teléfono para, confiadamente, llamar a la oficina del presidente López Obrador para notificar que se dirigiría a la embajada de México en Lima para solicitar asilo. Lo tenían alambreado por todas partes –su propio equipo de “seguridad”– y no lo registró. Una novatada con el resultado obvio: lo detuvieron. Y su compañera de fórmula y partido, Dina Boluarte, ni las gracias le dio.
Por cierto, el presidente López Obrador detalló que Castillo “habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. Y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé, y le dije hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos, rodearon la embajada, y él ya, creo, que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato”.
Es importante recoger la lección, dijo el mandatario mexicano, “porque esto se está aplicando en distintas partes. Son golpes blandos, ya no es la intervención militar, ya es ir con el control de los medios de información, que los manejan los oligarcas de los países, ir socavando a autoridades legal y legítimamente constituidas; más, si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenece a las élites. Entonces, van implementando campañas de desprestigio, magnificando errores que se cometen. Y siguen siendo los medios instrumentos para manipular y justificar actos contrarios a la democracia. Esto pasó en Brasil, acaba de pasar en Argentina, ahora es Perú”. Y ya bajo arresto, ayer Pedro Castillo ratificó su solicitud de asilo en México.
Las rebanadas del pastel
¿Golpe blando en México?, preguntan a López Obrador. “No, aquí no han podido ni podrán”.
