“Se va a seguir intentando” concretar una reforma constitucional en materia electoral, dijo ayer Pablo Gómez, integrante del grupo que hace ocho meses presentó en Palacio Nacional la iniciativa rechazada en la madrugada de este miércoles en la Cámara de Diputados.

El proyecto “ha naufragado de momento”, aceptó, para precisar que, más allá de “tocar o no al INE (Instituto Nacional Electoral)”, la propuesta busca cambiar el sistema en los puntos en crisis, vinculados al reparto de posiciones políticas y a la corrupción.

Pablo Gómez compartió una mesa de discusión con el presidente del INE, Lorenzo Córdova, horas después de que la oposición rechazó en San Lázaro la reforma constitucional y de inmediato Morena y aliados aprobaron cambios en leyes secundarias.

En el foro, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ambos fueron moderados en sus intervenciones.

Córdova defendió la estructura desconcentrada del INE, uno de los aspectos modificados por la mayoría de la 4T. Argumentó que el esquema actual, de autoridades nacionales, locales y distritales, “permite conocer el terreno, saber cómo se mueve la presencia del narcotráfico en el país, y dónde hay conflictividad social, estar presente y acompañar esa conflictividad, para que el día de las elecciones se puedan instalar casillas”.

Subrayó que por algún motivo de seguridad, no se ha dejado de instalar ninguna casilla en las elecciones recientes, ni donde hay conflictividad social. También defendió que el padrón electoral esté en manos del INE y no del gobierno porque, “¿qué garantías hay de que manejará de manera autónoma, independiente un listado electoral?”

El primero en exponer fue Pablo Gómez, experto en el tema político-electoral, pues ha sido legislador siete veces y en dos ocasiones representante partidista ante el Consejo General del INE y su antecesor, el Instituto Federal Electoral.

Explicó que la iniciativa desechada fue ideada por el presidente López Obrador para atender aspectos como el sistema de representación proporcional, sustentado en decisiones de las cúpulas partidistas, o el financiamiento público ordinario a partidos, el cual “sólo crea burocracias bien pagadas por el Estado, parasitarias e inservibles”.

Mencionó que el objetivo de la reforma no es solamente disminuir el gasto exagerado del sistema electoral, sino sacar a los partidos del Consejo General.

Luego, al hablar de derechos constitucionales, advirtió que los intentos de frenar candidaturas pueden generar violencia, por ejemplo con el amago de que un delito electoral hará perder el modo honesto de vivir, que es un requisito de elegibilidad.