Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Antonio Ruíz Ortega, contar con protocolos precisos para personas extranjeras privadas de su libertad. Lo anterior, luego de que acreditó que 14 víctimas han visto afectado su derecho al contacto con su red de apoyo de su país de origen, además de que se les ha restringido la protección de su representación consular.

Por estos hechos, la CNDH dirigió la Recomendación 213/2022 a Ruíz Ortega. En el documento, expuso que el 23 de agosto de 2021, personal de este organismo nacional certificó que en diversas fechas se han recibido quejas en los cuales personas privadas de la libertad no nacionales coincidieron en manifestar que en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) se violan sus derechos consulares, ya que no tienen conocimiento de que el personal penitenciario avise a sus representantes consulares de su internamiento, además de que, dentro de las comunicaciones telefónicas a las que tienen derecho, deben elegir entre sus familiares o el personal consular de su país, lo cual ocasiona que carezcan de este tipo de asistencia.

Por otra parte, el 6 de junio de 2022, la CNDH recibió un escrito firmado por 12 presos en el Cefereso número 18, quienes refirieron recibir discriminación por ser de nacionalidad extranjera, ya que se les ha prohibido que familiares o amistades les envíen artículos de higiene personal, timbres postales y sobres para el uso del correo, debido a que se pueden adquirir en la tienda del penal, aunado a que solo pueden acceder a esos productos si comprueban el parentesco con la persona que les deposita dinero.

Al radicar sus familiares en el extranjero, resulta difícil que cumplan con estos requisitos, además, los depósitos solo se pueden realizar por el servicio de Telecomunicaciones de México (TELECOMM), que no cuenta con sucursales fuera del país, señaló la Comisión Nacional.

A partir del análisis de estos casos, la CNDH observó la responsabilidad institucional. Con base en ello, solicitó al OADPRS que, en tanto se emite un protocolo o procedimiento específico, se realicen las acciones necesarias para que las 14 víctimas gocen cabalmente de sus derechos consulares y de su derecho al contacto con el exterior.

Además, que se facilite la realización de depósitos en sus cuentas individualizadas. Que se diseñe e implemente un protocolo o procedimiento específico para personas privadas de la libertad de nacionalidad extranjera, en términos de igualdad y no discriminación, de manera que si así lo desean, puedan mantenerse en contacto telefónico y ser visitados libremente por los funcionarios diplomáticos.

De igual forma, la CNDH pide que se lleven a cabo los ajustes necesarios en el funcionamiento y operatividad de los Ceferesos, a fin de que se salvaguarde integralmente su derecho al contacto con el exterior.

Asimismo, que e se creen convenios con otras instituciones públicas o privadas, o se solicite la coadyuvancia de las embajadas y consulados, a fin de buscar e implementar la vía óptima para que reciban sus depósitos familiares.