Entre lágrimas, varias mujeres triquis hablaron de su lucha de 12 años. La de mayor edad resumió: “Ahorita ese Salomón Jara –gobernador de Oaxaca– está aliado con esa organización paramilitar (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, MULT), y tiene mucho poder. Dice que es del pueblo, pero no es cierto”.

Las organizaciones sociales que integran el Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano (Enupm) ofrecieron una conferencia de prensa para presentar varios casos de “violaciones a los derechos humanos” y agresiones desde el poder.

Varias mujeres de la comunidad triqui refrendaron la denuncia por el desalojo con el cual, el pasado 2 de diciembre, se inauguró el gobierno de Jara en Oaxaca.

Las familias desplazadas de San Juan Copala –o, para decirlo con mayor precisión, doce de las 120 originalmente echadas de su comunidad– fueron desalojadas de un espacio que ocupaban desde hace 12 años, en los portales del Palacio de Gobierno estatal.

“No somos comerciantes, somos víctimas de desplazamiento”, insistieron las mujeres triquis una y otra vez, puesto que la principal acusación que se ha lanzado en su contra es que son controladas por asesores que sólo han buscado prolongar el conflicto para obtener recursos –dinero, viviendas, espacios para vender– de los sucesivos gobiernos de Oaxaca, sin buscar nunca una solución de fondo.

El asunto ha llegado incluso a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tras el desalojo condenó la represión para enseguida poner en pantalla un tuit en el cual el sacerdote Alejandro Solalinde, quien en las redes sociales, y como integrante de un equipo de intermediación, acusó a los asesores de las familias desplazadas de ser, simple y llanamente, vividores.

No hemos estado luchando “con el afán de recibir dádivas, como lo ha dicho el padre Solalinde… Negamos todo lo que se nos acusa por personas que no tienen información”, dijo una de las voceras.

“Mandaron gentes de choque, como los cholos, iban tatuados, encapuchados y drogados”, señalaron las representantes de las familias desplazadas, para las cuales el gobierno federal, el gobernador Jaray el alcalde Francisco Martínez Neri son “aliados del grupo paramilitar MULT. No tenemos esperanza de justicia digna… Estén al pendiente los que nos vaya a pasar en Oaxaca cuando vayamos a estar en protesta.”

Las mujeres indicaron que en las pasadas negociaciones les ofrecieron 240 mil pesos por familia. “¿Dónde cree el gobierno que con esa cantidad vamos a levantar una casa? Eso es no es justicia, eso es comprar al movimiento. Como víctimas no lo aceptamos. Lo que queremos es retorno a nuestra comunidad, con dignidad”.

Los conferencistas también recordaron los casos de los asesinatos de la activista poblana Meztli Sarabia, ocurrido hace cinco años, y de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, ocurrido en Topilejo hace 11 años. Su madre, Lourdes Mejía, hizo un recuento de las irregularidades en la investigación del homicidio de su vástago y afirmó que las autoridades universitarias están coludidas con la policía y la fiscalía local para bloquear el hallazgo de la verdad.

Los conferencistas invitaron al foro que se llevará a cabo hoy en el Senado, con el título El derecho a defender derechos.

“Somos víctimas del MULT, que se desvió de sus principios y se convirtió en un grupo paramilitar que hoy está en el gobierno del estado, en alianza con el PT y Morena”, concluyeron.