Chihuahua, Chih., Unos 50 integrantes de Unión Campesina Democrática (UCD), así como ejidatarios de Laguna de Palomas, Las Glorias y Liberación, localidades del municipio de Jiménez, se manifestaron este miércoles a la entrada de las instalaciones del Poder Judicial Federal en la capital de Chihuahua, donde reprocharon que jueces de distrito han otorgado a particulares amparos que permiten la operación de pozos agrícolas ilegales en la cuenca del río Florido.

Asimismo, reclamaron que juzgadores federales retrasan la resolución de amparos contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Registro Agrario Nacional (RAN), y el Tribunal Agrario y, por entregar a personas morales concesiones de pozos agrícolas que eran de propiedad comunal.

Los campesinos aseguraron que togados han demorado siete años en resolver dos juicios de amparo contra la entrega ilegal de derechos de agua a una empresa, mediante un trámite en el que se utilizaron firmas y documentos falsos.

“Aunque se metió en tiempo y forma el recurso de revisión ante el Registro Agrario Nacional y el Tribunal Agrario, y un amparo en contra de la Conagua, en 2019 se hizo favorable la transmisión de las concesiones”, comentaron.

Señalaron que “en la cesión de derechos ante notario, se equivocaron con un número en el título de concesión, por lo cual no corresponde a nuestro pozo, y pedimos a la empresa nos regrese los derechos de agua”.

Los ejidatarios pidieron que el RAN y los Comités de Aguas Subterráneas compartan información, “y trabajen coordinadamente para favorecer a los campesinos y ejidatarios, y no en favor de las personas morales”.

Jesús Emiliano García, líder de UCD, acusó en entrevista con La Jornada que los ejidatarios “están cansados de dar vueltas, por audiencias diferidas en el proceso legal contra el robo de concesiones”. De igual manera, advirtió que los pozos ilegales arriesgan el abasto del líquido en Jiménez.