La iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral acota política y económicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y achica su estructura, y limita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no cancele candidaturas con “sanciones exorbitantes o desproporcionadas”, como ocurrió con los casos de Guerrero y Michoacán en 2021.

En ese sentido, se prohíbe imponer sanciones a partir de una interpretación de los magistrados, a quienes acusa de “provocar arbitrariedades por potenciar negociaciones políticas ilícitas”.

En la exposición de motivos de la propuesta del Ejecutivo, que entregó ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se argumenta que el INE se ha convertido en un organismo controlado por los partidos políticos; forma parte de una élite burocrática privilegiada y tiene una pésima administración.

Con los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos se ordena la revisión de la plantilla del INE, con énfasis en los sueldos de la cúpula, para que nadie en este sector gane más que el presidente de la República.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo, que se turnó a comisiones sólo para que Morena la presentara íntegra más tarde en el pleno, advierte que la conformación de una élite burocrática en el sistema electoral es uno de los grandes lastres, en la forma de organismos autónomos, “uno de los legados más nocivos de los gobiernos neoliberales”.

El INE, añade, es el mejor ejemplo de este tipo de organismos, hoy “ha convertido a una élite académica en garante de abusos, en el uso de gasto público y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales, lo que ha retrasado el tránsito político de México hacia la democracia”.

Entre los ajustes al INE se plantea que el secretariado ejecutivo sea auxiliar del Consejo General, por lo que se propone el cese de Edmundo Jacobo Molina, actual titular de aquella área.

Se propone prohibir al órgano electoral tomar decisiones similares más allá de sus atribuciones y, entre las medidas para los partidos y candidatos independientes, se añade la prohibición de difundir propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a “los gobiernos” en turno.

Se plantea constituir una comisión de administración integrada por cinco consejeros en sustitución de la junta general ejecutiva (donde actualmente se integran los principales funcionarios del INE); así, se fusionan la dirección de organización electoral con la de capacitación y educación cívica; aquí se añadirá también la de vinculación con los organismos públicos locales electorales, mientras la de administración con la del servicio profesional electoral. Aquí se integra además la unidad de informática.

La unidad técnica de lo contencioso se fusiona con la dirección jurídica; la unidad de fiscalización se convierte en dirección ejecutiva. Y la comisión de prerrogativas absorbe al comité de radio y televisión.

Justicia electoral

Se prevé la desaparición de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual se encarga actualmente de resolver si hay actos anticipados de campaña o uso ilegal de recursos públicos y eventualmente imponer sanciones y multas. Ahora esta función pasará a una “sección resolutora” de la sala Superior de este mismo tribunal.

A partir de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece un procedimiento para la remoción del titular de la Presidencia de la Sala Superior del TEPJF, cuando se acredite que “incurrió en conductas que vulneran principios rectores”.

También, en materia de justicia electoral, se actualiza el sistema de medios de impugnación y se crea el procedimiento único de queja, y se disminuyen las causas de desechamiento de expedientes.

Recortes, ajustes y prohibiciones

Si bien se confirman las “facultades concurrentes” del INE, como autoridad rectora, y de los organismos públicos locales, a la vez se compactan las estructuras de ambas instancias.

La iniciativa señala que los órganos distritales pasan de carácter permanente a temporal, “lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral”; se elimina “la rama administrativa del servicio profesional electoral nacional”, y se suprime la franquicia telegráfica de los partidos políticos.

En cuanto a las contiendas, se modifican los calendarios para compactar procesos y racionalizar los recursos disponibles; asimismo, se unifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares con los cómputos, a fin de que se inicie el conteo oficial de votos apenas cierren las casillas (domingo a las seis de la tarde) y no hasta el miércoles siguiente al día de la elección.

Además de confirmar la igualdad de oportunidades para postularse a un cargo de elección popular, así como para ejercer el voto, y fijar que los mexicanos en el exterior sólo voten por Internet, la iniciativa reduce los tiempos de los procesos electorales, desde la selección hasta la capacitación de ciudadanos que serán funcionarios de casilla.

En entrevista, Adán Augusto López afirmó que la iniciativa fue elaborada por un grupo de abogados de la consejería jurídica de la Presidencia de la República, de Gobernación, así como de legisladores de Morena representados ante el INE; este último grupo lo encabeza Mario Llergo.

Despilfarro en el instituto

La iniciativa puntualiza que la plantilla del INE se integra por 17 mil 569 personas trabajadoras y al menos 123 de sus funcionarios ganan salarios más altos que el presidente de la República.

La suma del sueldo anual de las 11 personas consejeras electorales es de 34 mil 667 millones, “es decir, 11 personas en el INE cuestan al erario lo mismo que 4 mil 938 maestros y maestras de educación media superior en el país al año”, indica el documento.

Por lo pronto, se despide al actual secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, brazo derecho del consejero presidente, Lorenzo Córdova; se eliminan los dos fideicomisos del INE (fondo inmobiliario y del pasivo laboral).

A nivel operativo, confirma el control del padrón electoral por parte del INE, pero resalta la duplicidad de funciones y “despilfarro” de recursos. En suma, con la creación del Sistema Nacional Electoral, los cambios en la estructura de los órganos centrales, locales y distritales y con la reducción de tiempos y procesos, se espera generar un ahorro de alrededor de 3 mil 605 millones de pesos, cantidad equivalente a 143 mil pensiones para adultos mayores, por ejemplo.

El paquete incluye cambios a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades de Servidores Públicos.