La “falta de visión de derechos humanos laborales” del personal involucrado en el nuevo modelo de justicia laboral, la ausencia de mecanismos de protección a los trabajadores que ejercen su voto en un proceso sindical y la nula obligación de los patrones de respetar los resultados, son “vacíos” de la reforma laboral mexicana detectados por abogados y expertos en la materia.
Durante el Encuentro Trinacional sobre el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), plantearon recomendaciones que incluyen también a este instrumento que implica la protección de los derechos de libertad de asociación y de libre negociación colectiva.
Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, explicó que el propósito es ampliar la aplicación del MLRR al sector agrícola, así como una lista más amplia de actividades prohibidas, como la violencia de género, las leyes sobre trabajo infantil, e incluir las infracciones de salud y seguridad y otras normativas laborales.
Indicó que los sectores que ya están cubiertos por el mecanismo son petróleo, energía, servicios y automotriz. De ahí que dicho instrumento se ha invocado para siete quejas laborales y sólo se ha activado cinco veces llevando a medidas de remediación, entre ellas los casos de General Motors, Panasonic, Teksid y Manufacturas VU.
No obstante, una queja laboral relacionada con jornaleros agrícolas se encuentra en “desatención” desde hace año y medio, señaló Rosario Ortiz, coordinadora del Comité Fronterizo de Obreras. Ello, debido a que este sector está excluido de la vía del MLRR.
En relación con la reforma laboral de 2019 en México, los especialistas propusieron desarrollar redes con abogados de México, Canadá y Estados Unidos a fin de mejorar la capacidad de los tres países para presentar quejas al amparo del apartado laboral del T-MEC. Plantearon a las instituciones responsables de la aplicación de dicha legislación un mayor nivel de comunicación con los trabajadores sindicalizados a fin de garantizar una información “razonable, asequible y accesible” sobre sus derechos laborales.
