Gobernanza colegiada, defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF) y combate a la corrupción son los puntos en común en las propuestas de trabajo presentadas por los cinco ministros que aspiran a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En orden alfabético, Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández fueron los únicos que presentaron sus proyectos, publicados por el máximo tribunal en su sitio de Internet.

Transparencia: Esquivel

Esquivel propone consolidar a la SCJN “como un espacio transparente, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo, con canales de comunicación directa con la ciudadanía”.

En su proyecto señala que impulsará una Corte que actúe de manera “plural e independiente en la toma de decisiones” y que sus integrantes participen de manera colegiada “en las decisiones del gobierno interno, a través de la conformación de comités y comisiones de apoyo”, entre ellas una integrada por los ministros en retiro.

Gutiérrez: juzgados virtuales

Por su parte, el ministro Gutiérrez invita en su propuesta a sus pares a tomar decisiones colegiadas: “Este plan de trabajo les reserva una participación activa en distintas decisiones que se tomarán durante mi gestión”.

Su planteamiento se centra en dos ejes: fortalecer la labor jurisdiccional y la mejora en las acciones administrativas del PJF.

En cuando a innovación, Gutiérrez expone la necesidad de crear juzgados virtuales que atiendan únicamente juicios por Internet, así como tribunales para temas ecológicos.

Concluye con la garantía de dar continuidad al proyecto del presidente saliente, Arturo Zaldívar: “Mi intención es aprovechar al máximo los logros de las administraciones anteriores y ajustar lo necesario en lo administrativo y jurisdiccional. Nada hay nuevo bajo el sol”.

Neutralidad política: Laynez

Para el ministro Laynez Potisek resulta “claro que el Poder Judicial debe gozar de independencia y hacerse consciente de lo que significa ejercerla”, ya que “únicamente es sostenible si se convierte a la neutralidad política en la guía absoluta para su actuación. Debe desterrarse la percepción de juzgadores o juzgadoras a favor o en contra de una posición política determinada”.

Su proyecto menciona como líneas de trabajo el fortalecimiento de la labor jurisdiccional, a través de un diagnóstico para una “impartición de justicia confiable, imparcial y eficaz”, así como el desarrollo de un “gasto administrativo eficiente y un trabajo colegiado al interior de la Corte”.

Asimismo, refiere que impulsará la transparencia y el combate a la corrupción, con la creación de un observatorio ciudadano.

Su compromiso, menciona, es “en todo momento defender la independencia judicial a través de la neutralidad política, para desde ahí generar un diálogo respetuoso, propositivo y constructivo con los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

Pérez Dayán: credibilidad

El ministro Pérez Dayán expone la necesidad de que todos los miembros del pleno participen en la conducción de la SCJN: “El ejercicio colegiado en la toma de decisiones de la presidencia, a fin de que sea incluyente y respetuosa de las ideas de las demás ministras y ministros”.

Pérez Dayán, quien como magistrado votó en 2002 en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, señala que entre los ejes de su plan de trabajo están la credibilidad y fortalecimiento del PJF, la autonomía y la independencia judicial.

Subraya que la base de su proyecto será la unidad y el respeto entre los 11 ministros del pleno de la SCJN.

Consolidar mayorías: Piña

La ministra Piña Hernández, quien ha manifestado públicamente sus diferencias con la administración de Zaldívar, ofrece en su propuesta que la SCJN vuelva a asumirse como un órgano colegiado:

“En efecto, serán las y los ministros, las y los consejeros, quienes votarán y definirán el rumbo de nuestra institución. Así, mi propuesta central estriba en trabajar para la consolidación de mayorías, cediendo en la imposición de mi visión personal”.

Propone crear un nuevo código de ética para el PJF, que actualice el vigente desde 2004. Estima que, con un contexto social que ha cambiado, es necesaria una nueva regulación, que incluya también las modificaciones legales para combatir la corrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Si llego a ser presidenta, con el apoyo invaluable de mis compañeras y compañeros fortaleceremos nuestra presencia en defensa de la independencia judicial, de la dignidad y respetabilidad de las personas juzgadoras. Hoy se dice que no se les escucha, que no se les apoya desde la cúpula del PJF. Les propongo cambiar este escenario, pues si bien las personas juzgadoras están sujetas cada día a mayores exigencias, también les es indispensable que su institución los arrope”, concluye la ministra Piña.