Fue derrotada la iniciativa obradorista de reforma electoral, lo cual estaba sumamente cantado por los partidos opositores, que no concedieron una mayoría calificada para modificaciones constitucionales.

Y de inmediato, como estaba también cantado, entró a procesamiento el llamado plan B, que sólo necesita mayoría simple de votos y, aunque no tendrá los alcances y profundidad de la primera propuesta, de inmediato generó objeciones en los adversarios de la llamada 4T, por considerar que son reformas muy cantadas para pavimentar el paso guinda en 2024 y cerrarlo a los contrincantes cuyo júbilo por el primer triunfo, el de impedir los cambios constitucionales profundos, duró muy poco al calibrar las consecuencias de los legales, secundarios, que sí están al alcance aritmético aprobatorio de Morena y sus acompañantes legislativos.

Tiros más que cantados. Marchas y contramarchas. Opositores cierran un camino y el oficialismo abre otro; aquellos defienden un Instituto Nacional Electoral infundadamente idealizado e intocable y la mayoría obradorista confecciona una alternativa alcanzable. Y así hacia 2024.

Tal como se preveía (pues fue montada una maquinación poderosa en su contra), la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue declarada, en primera instancia, culpable de actos de corrupción.

La sentencia ya estaba escrita, aseguró la abogada y política que ocupó el Poder Ejecutivo de 2007 a 2015 y ha sido considerada aspirante a la misma Presidencia de la República para octubre del año entrante, opción que ayer descartó luego de conocer el veredicto en su contra.

Seis años de cárcel e impedimento de por vida para ocupar cargos públicos se impuso a Fernández de Kirchner, aunque queda un camino judicial mediante recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal y, en dado caso, ante la Suprema Corte. En tanto se desahogan tales recursos, aún sin sentencia definitiva, la aspirante podría participar en elecciones. Además, el presidente actual de Argentina, Alberto Fernández, podría conceder un indulto o el Congreso federal una amnistía.

Lo sucedido en Argentina forma parte del conjunto de acciones políticas, mediáticas, empresariales y de intereses extranjeros que promueven la judicialización de la política como fórmula para cerrar el paso a figuras de corrientes progresistas. Antes de la sentencia contra Cristina se difundieron chats que muestran la confabulación de directivos del grupo mediático Clarín y otros funcionarios, en el contexto de esta acometida contra la vicepresidenta. Habrá de verse si este golpe, recurrible y, por tanto, potencialmente reversible, hunde o potencia a Fernández de Kirchner, quien anunció su decisión de no contender más por cargo público el año entrante, ha de suponerse que en un gesto que también pudiera ser reversible.

En Perú, el Congreso federal decidirá hoy si considera acreditadas las causas para declarar en “vacancia” la presidencia de Pedro Castillo Terrones, ex dirigente sindical magisterial y ex integrante de autodefensas (llamadas “ronderos”). Se le acusa de “permanente incapacidad moral” para ejercer el cargo: en concreto, una empresaria y un ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia han sido los denunciantes a la palabra, sedicentes testigos, de presuntos actos de corrupción que implicarían a familiares del presidente y que supuestamente habrían sido conocidos por Castillo, quien a su vez ha exigido que el Congreso le haga saber los cargos exactos para poder preparar su defensa oportunamente, lo que no ha sucedido.

El de hoy será el tercer intento de declarar la “vacancia” presidencial. El Congreso es unicameral y con 87 de 130 votos (mayoría calificada: dos terceras partes) podría decidir la destitución del presidente Castillo, quien ha cometido errores políticos y no ha podido mantener estabilidad en su gabinete pero, sustancialmente, enfrenta una campaña racista y clasista de parte de élites peruanas, también mediante una instrumentación judicial. ¡Hasta mañana!

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