Para nadie es secreto que las relaciones entre AMLO y el episcopado mexicano se han deteriorado. El interlocutor y mediador católico se fue del país en 2021. Era Franco Coppola, ex nuncio en México. El asesinato de los jesuitas en la Tarahumara, el 21 de junio pasado, fue la gota que derramó el vaso. El episcopado condenó en un comunicado no sólo el asesinato de los religiosos misioneros, sino que pedía al gobierno federal rectificar su estrategia de seguridad: 1) cambiar el sistema de abrazos y no balazos; 2) escuchar a los actores involucrados en la violencia, y 3) no quedarse sólo en culpar al pasado. El Presidente respondió con tono áspero: “Los religiosos, con todo respeto, no siguen el ejemplo del papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana”. Meses después el episcopado cruzó la raya. Reprobó la propuesta de reforma electoral del Presidente y apoyó la marcha ciudadana en favor del INE. Esta vez AMLO fue más prudente, al decir que respetaba su posicionamiento. Llama la atención que el Presidente que más ha usado el recurso simbólico de lo religioso en su discurso político ahora esté cada vez más distanciado de la Iglesia mayoritaria del país.

A inicios de noviembre se anunció que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había atraído un caso de Yucatán en el que se plantea prohibir la instalación, con recursos públicos, de nacimientos navideños en edificios oficiales. En efecto, la asociación civil yucateca Kanan Derechos Humanos interpuso en diciembre de 2020 un juicio de amparo contra el municipio de Chocholá, Yucatán, por la colocación de adornos alusivos a la Navidad y al nacimiento de Jesucristo en espacios públicos significativos, que a su consideración vulneran el Estado laico y discriminan a los no católicos. Tras pasar por varias instancias, en abril pasado, SCJN atrajo el caso y lo turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para su resolución. En su proyecto, el ministro determina que la potestad del ayuntamiento de Chocholá para instalar insignias alusivas a ciertas concepciones religiosas en espacios públicos transgrede en perjuicio del quejoso el principio constitucional y antropocéntrico del Estado laico. Esta iniciativa de la SCJN desató un inmediato alud de comentarios en redes sociales y en medios de comunicación. En Facebook y Twitter atribuyen al Presidente, su gobierno y a la SCJN la intención para prohibir la colocación de nacimientos en espacios públicos y algunos se atrevieron a advertir que podría llevar al ámbito privado. Pese a las aclaraciones que de resultar favorable la sentencia de la Corte, no prohibirá que las personas continúen con la tradición de colocar nacimientos en el ámbito privado, más bien las autoridades ya no podrán colocar símbolos alusivos a ninguna religión, mucho menos con recursos públicos en edificios de gobierno. La Iglesia católica se pronunció arremetiendo contra el “laicismo que busca la ausencia o ‘neutralidad’ religiosa en la vida púbica de nuestros pueblos… pretender imponer una sociedad sin referentes religiosos, es, implícitamente, querer un solo estilo de vida, arreligioso, es decir, donde prevalezca la negación de las creencias religiosas. Este modelo discrimina a los seres humanos que sí tienen opciones religiosas y es contrario al Estado laico” ( La Jornada, 6/11/22).

De facto, la discusión del proyecto de González Alcántara Carrancá se ha pospuesto y la tensión ha bajado. Para muchos constitucionalistas, el caso es interesante, en especial que los recursos públicos no deben usarse para promover ni para prohibir ninguna religión. De aprobarse el proyecto, esta medida únicamente aplicaría para el ayuntamiento de Chocholá, pero si se alcanzan más cuatro votos en favor, cualquier otra persona podría demandar a las autoridades que veneren o emitan símbolos de una religión y obtendría el mismo resultado. Otros abogados plantean que es falso que la Corte resolverá si es inconstitucional poner nacimientos, sólo es inconstitucional que un ayuntamiento ponga en sus sedes nacimientos y los anuncie como actividad institucional. Como fue el caso de Chocholá.

El peso de la historia de las la relaciones Iglesia-Estado sigue gravitando, las guerras fratricidas son heridas aún no cicatrizadas hoy; propiciaron un insólito sometimiento del Estado sobre la Iglesia. Antes de las reformas constitucionales de 1992, el actuar político de la Iglesia se desenvolvía en una extraña tolerancia tácita en el ámbito de la discrecionalidad política; una simulación funcional, calificada por la politóloga Soledad Loaeza, como “complicidad equívoca”. Aquí, la tutela del Estado se pretendía absoluta y autoritaria, pero era negociada. Por ello los ordenamientos constitucionales desde 1917, claramente anticlericales, no se aplicaban, pero se reservaban como una “espada de Damocles”.

Aunque López Obrador se deslinde del caso de la SCJN y reproche que se le quiera enfrentar a la jerarquía católica, los recursos punitivos del Estado laico siguen vigentes. Más, cuando la alta jerarquía amaga con incursionar en la política más allá de lo que venía haciendo. ¿Este caso no es un tiro de advertencia a una jerarquía que está atravesando fronteras políticas?

En todo caso, es importante rediscutir la laicidad del Estado porque el tema es dinámico. Redefinir qué es laicismo, que tanto evocan los católicos. Así como la tolerancia que la sociedad debe guardar con los símbolos religiosos y el respeto a toda creencia.