Muy oronda, visitando el encuentro Amafore 2022, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, declaró que, hacia 2030, con 0.56 por ciento de comisión que cobran las Afore a los trabajadores por administar sus cuentas individuales, ellas les dejarán un millonario “guardadito” por 143 mil millones de pesos “adicionales” ( El Financiero, 16/11/22).

Este “beneficio”, subrayó, deriva del tibio ajuste que aplicó el presidente AMLO con su decreto (16/12/20) a quienes ampara el IMSS en el apartado A del artículo 123 constitucional y que, en opinión de Alcalde, topa esas comisiones, incrementa gradualmente la aportación patronal y reduce las semanas de cotización para alcanzar una pensión. Gracias a esa reducción, prosiguió, “pudieron” pensionarse hasta 95 por ciento de quienes pasaron a retiro entre 2021 y 2022: 47 mil 788 personas. Sin ella, “sólo” se habrían jubilado 2 mil 854.

Luego, sin probarlo, reveló que “de hecho estamos logrando” que los trabajadores reciban como pensión el equivalente a “70 por ciento” de su salario y “no” 30, como “sucedía” en el pasado. ¿Quién le facilitó esta cifra insostenible? ¿Tuvo el cuidado mínimo de revisarla?

Pero su intervención culminó todavía con más graves imprecisiones. Sostuvo que “desde 1997 veníamos arrastrado [sic]” un régimen de cuentas individuales que, acompañado “la verdad de malos cálculos”, condujo a que los trabajadores “recibieran bajas pensiones”. No son malos cálculos, señora secretaria: es el modelo de cuentas individuales que, por cierto, seguimos arrastrando y que se preserva por entero en el tibio ajuste del decreto de AMLO. No es en lo absoluto asunto de “malos cálculos”: las pensiones del modelo Afore seguirán siendo bajas y los responsables directos son, justamente, quienes la convocaron al evento de marras: la Amafore.

¿Qué no quiere entender la secretaria Alcalde sobre la naturaleza y alcance del decreto? Muy sencillo: él contiene perversidades tecnocráticas diseñadas, en plena 4T, por despachos patronales asesores del Consejo Coordinador Empresarial y ex funcionarios de la SHCP-4T. Su esquema de financiamiento transita del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (SRCV) –privatizado por la reforma Zedillo/IMSS/1995 que administran Afore y compañías de seguros– a una suerte de seguro popular pensionario. Es decir: diferentes niveles de pensiones en el sótano, todas pagadas con recursos fiscales.

El esquema diseñó dos regímenes: uno para trabajadores con bajos salarios de cotización (un salario mínimo hasta cuatro UMA) y otro para trabajadores con salarios de cotización más altos (superior a cuatro UMA y hasta 25) que, en este caso, elimina la aportación del Estado: el tripartismo como base del financiamiento. El seguro popular pensionario no corrige, complica el asunto público y no mejora el nivel de las pensiones: las subsidia en el sótano rompiendo el tripartismo.

Además de los riesgos financieros que impuso la reforma de Zedillo, el decreto anticipa dos nuevos, mucho más profundos y duraderos. El primero sobre el sistema Afore y sus pensiones: renta vitalicia, seguro de sobreviviencia para familiares o, en su caso, la pensión mínima garantizada. El segundo sobre las condiciones de cotización/beneficios de la Ley IMSS-73 cuyas pensiones –ya en otros momentos– se han pretendido ilegalmente topar de 25 a 10 salarios mínimos (ahora UMA). El decreto afecta tanto a los trabajadores Afore como a los que tienen derecho de optar por la Ley IMSS-73.

También segmenta a los trabajadores en dos grandes grupos. Primero, los de pensiones mínimas garantizadas (PMG) con bajos salarios de cotización (un salario mínimo a cuatro UMA) o seguro popular pensionario y que reciben un subsidio mayor –junto con las pymes– comparado con el régimen de cuota social de un salario mínimo a 15 UMA. La cuota social del gobierno federal se focaliza en los trabajadores de más bajo nivel de cotización. Este segmento acumulará mayor ahorro (aportación gubernamental) ex ante en sus cuentas individuales para el pago futuro de la PMG. Son el universo de mayor afiliación. Según el informe institucional 2019-20, durante los últimos 10 años, el rango salarial de más de dos y hasta seis veces la UMA, fue el de mayor creación de empleo. Del total de trabajadores asegurados, los cotizantes de un salario mínimo hasta cinco UMA, representan 74.4 por ciento.

El segundo segmento son trabajadores de más altos salarios de cotización (más de cuatro y hasta 25 UMA). Para ellos habrá una PMG “para trabajadores no tan pobres”. Es decir: habrá PMG de primera y de segunda.

Pero el modelo Afore sigue intacto. “No estamos satisfechos”, declaró AMLO en reciente conferencia matutina (13/10/22).

Frente a la magnitud del desafío pensionario, poco ayudan los “guardaditos”, imprecisiones y sonoros aplausos de la secretaria Alcalde sobre un tibio ajuste al apartado A que sólo pateó el bote –10 años– hacia un incierto futuro.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco