El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, asegura que la posible desaparición de los tribunales electorales estatales, uno de los puntos de la iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentaría hasta en 80 por ciento los asuntos de ese órgano federal y, en consecuencia, los tiempos de resolución y los costos.

Opina que no es conveniente una enmienda integral a la norma electoral en la víspera de una contienda como la de 2024: “No es el timing adecuado”. Pero, sobre todo, sostiene que la ciudadanía no está pidiendo cambios de esa magnitud.

“El reporte que tenemos de opinión pública, que lleva a cabo aquí el Tribunal Electoral, arroja datos donde observamos que 80 por ciento de los mexicanos [encuestados] considera que el sistema electoral funciona bien. Por tanto, no se percibe la necesidad de una reforma estructural.”

En entrevista con La Jornada, el abogado responde preguntas sobre la iniciativa de reforma a la Constitución en materia electoral, enviada por el Ejecutivo en abril pasado a la Cámara de Diputados, con el objetivo de generar ahorros anuales de unos 50 mil millones de pesos y, por ejemplo, abrir a la elección popular la elección de consejeros y magistrados, asuntos en los que los jueces electorales han alertado de riesgos para todo el sistema.

–¿Qué se requiere cambiar?

–Hay rubros que siguen pendientes, como el de la relección. No tenemos reglas claras sobre la relección de legisladores. También lo relativo a las candidaturas independientes, porque el diseño legal no está hecho para que funcione. Asimismo, [hace falta] dar dientes a la sala especializada del TEPJF respecto de las sanciones a los servidores públicos [actualmente el tribunal no puede sancionar a los funcionarios que violen la norma electoral, sólo da “vista” al superior jerárquico].

Quitar presión al INE

–¿Se necesita una reforma electoral?

–Sí, para perfeccionar, para consolidar lo que tenemos. Pero si se está hablando ya de un rediseño estructural, pues lo que yo quisiera destacar que ese 80 por ciento de la opinión pública dice que el sistema funciona bien.

–Consejeros electorales sugieren que el TEPJF debería resolver todo lo que es de tipo contencioso. ¿Está de acuerdo en ese planteamiento?

–Coincidiría. [El TEPJF resuelve los procedimientos sancionadores y el Instituto Nacional Electoral (INE), investiga.] Sin embargo, en la reforma de 2014 no se hizo lo mismo con los procedimientos ordinarios sancionadores; se sigue dejando en el INE esta arena de resolución de conflictos que debería ser propia del tribunal. Un cambio en ese sentido quitaría presión al INE, el cual está sobrecargado de facultades y funciones.

–¿El TEPJF no lo está?

–También. Tenemos una carga importante de juicios a resolver. De noviembre del año pasado a octubre de este año se presentaron 14 mil 310 demandas [ante el TEPJF], resueltas en un promedio de 12 días, lo cual se vería impactado con la desaparición de los tribunales locales.

–¿Qué pasaría si avanzara esa posibilidad, mediante la cual se pretende ahorrar cerca de 2 mil millones de pesos al año?

–Aumentarían entre 70 y 80 por ciento los casos que se resuelven en el TEPJF. Hacia 2023 estamos pensando que aumentaría en 8 mil asuntos [adicionales a los 14 mil tramitados en el año reciente].

En tribunales locales, 70 por ciento de asuntos

–Existe la impresión de que los tribunales locales responden al gobierno en turno…

–Suponiendo que esa sea una percepción generalizada, de cualquier manera, de los asuntos que resuelven los locales, únicamente llega 30 por ciento a las salas regionales y a la superior. Es decir, 70 por ciento de los asuntos se quedan en lo local. Además, si son eliminados estos tribunales se reduciría el derecho de doble instancia que marcan los estándares internacionales.

–¿Cuál sería el efecto para el ­TEPJF?

–Tendríamos que pensar en un rediseño en el cual las salas regionales sean primera instancia y la superior la segunda. Esto tendría un impacto presupuestal para el TEPJF y se tendría que evaluar el personal especializado que se requeriría. Además, reducir esas instancias tiene un rasgo centralista.

[El presupuesto actual del tribunal es de 2 mil 791 millones de pesos y para el año siguiente 2 mil 980, 0.04 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 3.8 por ciento del Poder Judicial, según la estadística oficial.]

–En el INE, consejeros han dicho que la iniciativa del Presidente tiene la intención de hacerse del control de los órganos electorales. ¿Cuál es su opinión?

–Son valoraciones de ellos. Yo no entro en la misma lógica de los consejeros. Objetivamente, los tribunales locales representan menos de 0.05 por ciento del presupuesto federal, por lo que la reducción de costos sería para los estados.

Cae gasto en un lado, pero sube en otro

–¿Cuál sería su conclusión?

–Si desaparecen los tribunales locales y se impacta en las cargas de trabajo, pues probablemente no te vas a ahorrar los mil 800 millones de pesos, porque hay que dotarle de más personal a las salas regionales [del TEPJF]. No se reduciría casi nada; si nosotros somos 0.04 por ciento del PEF, no se reduciría el porcentaje de los locales, sino que va a impactar acá. Al menos habría que crear dos salas regionales [más], previstas en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, las cuales no se han creado hasta ahora por una razón de austeridad, pero si van a aumentar nuestras cargas a 70 por ciento, quizá habría que crear esas dos.

–¿Cuáles serían los costos?

–Cada sala cuesta aproximadamente 200 millones de pesos, así que por dos, serían 400 millones más de esos mil 800 millones [que cuestan los tribunales estatales]. Entonces habría que ir haciendo esa proyección. La disminución sería poca.

–En los próximos días se discutirá en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional. ¿Qué plantearía?

–De todos los esfuerzos [de escuchar a la opinión pública y a los especialistas], recojo en primer lugar que el TEPJF sí tenía un reto para incrementar su confianza ciudadana, para recuperar nuestra reputación institucional, y lo conseguimos, porque así lo valora la ciudadanía. Estamos revisando nuestro reglamento interno para presentar una reforma integral del tribunal. ¿Qué más he escuchado? Que la oportunidad y la pertinencia de una reforma electoral estructural no es ahora, el timing importa, hay consenso en que las condiciones serían más idóneas, de mayor razonabilidad, si se lleva a cabo después de la elección de 2024.

Todo en una sede

Un estudio del TEPJF –tribunal de última instancia, cuyas resoluciones son inapelables– indica que la desaparición de los 32 tribunales locales significaría un impacto de mil 129 asuntos anuales para la sala regional Monterrey; mil 211 más para la regional Guadalajara; 2 mil 137 para la regional Xalapa; 2 mil 404 para la regional Ciudad de México y mil 140 más para la regional Toluca.

En los últimos cuatro años, la sala regional Monterrey ha recibido en promedio anualmente 858 asuntos, por lo que, si desaparecen los tribunales locales, en 2023 recibirá más del doble de los que conoce normalmente.

Algo similar sucede con las demás: Guadalajara recibe en promedio 962 asuntos anuales; la Ciudad de México, mil 482; Xalapa, 3 mil, y Toluca, 647.

En conjunto, se estima que el TEPJF recibirá 8 mil 21 asuntos más de los que conocería, si no desaparecieran los tribunales locales. Esto es, casi la cifra de los asuntos recibidos en 2019 (8 mil 127) y poco más de la mitad de los asuntos recibidos en 2021 (17 mil 828).