Buenos Aires., El presidente Alberto Fernández anunció ayer que su gobierno solicitará que se investiguen penalmente los hechos relacionados con el viaje realizado por jueces, fiscales, empresarios del Grupo Clarín y funcionarios de la municipalidad de Buenos Aires a la provincia sureña de Río Negro, donde estuvieron reunidos en la mansión del británico Joe Lewis, quien tiene miles de hectáreas en el lugar, incluido un aeropuerto.

Lewis se apropió de Lago Escondido, un lugar turístico de la Patagonia, cerrando la entrada a los argentinos, por lo cual tiene problemas con la justicia.

Desde el domingo estalló el escándalo de los mensajes cruzados del grupo monopólico Clarín, cuyo diario encabeza la persecución contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en combinación con los jueces de la llamada “mesa judicial”, además propalador de noticias falsas por los casi 300 canales de cable que maneja en todo el país, las radios y los mensajes en redes.

Después de filtrarse los chats entre jueces, fiscales y las directivas del grupo de Héctor Magnetto, el hombre fuerte de Clarín, que habría financiado el viaje en un avión privado, el presidente anunció otras medidas estableciendo que solicitará que se investiguen penalmente los hechos relacionados al “viaje del lawfare (judicialización de la política)”, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

Al hablar en cadena nacional, lo que no es usual en esta administración, el mandatario dio instrucciones al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite abrir un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.

Además, decidió solicitar al presidente del bloque de legisladores del oficialista Frente de Todos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires “que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados en este caso. De corresponder hacerlo deberían presentar el juicio político a los funcionarios porteños involucrados”.

También solicitó al Congreso que adelante el trámite de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la cobertura del cargo de procurador general.

“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, dijo el mandatario en su discurso sobre el escándalo de los llamados ahora “jueces de Clarín”.

Destacó que decidió dar el mensaje desde la casa de gobierno “porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido”.

Los chats habrían sido hackeados del teléfono del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien también estaba con el grupo de jueces y fiscales que mantienen la escalada de persecución mediática y judicial de la vicepresidenta Fernández de Kirchner, a lo que se añaden dos ex agentes de inteligencia.

“Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica señalando que los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno”, señaló el presidente Fernández.

Juego perverso

Agregó que que todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen de manera negativa sobre las estructuras del Estado, y expuso: “ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios, involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora de que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo estar segura de que los jueces que la procesan en la causa Vialidad, en la que es acusada de corrupción sin pruebas, la van a condenar este martes y eso será “una suerte de regalo para Héctor Magnetto”, el gerente general del Grupo Clarín.

“La tapa (portada) de ‘Cristina condenada’ y el 7D van a coincidir”, sostuvo, al referirse a la fecha 7 de diciembre, cuando su gobierno dictaba la ley de medios. Reiteró que la sentencia está “escrita” desde el 2 de diciembre de 2019 y que, en esa investigación, “se violaron todas las garantías constitucionales”.

En entrevista con el periódico brasileño Folha de Sao Paulo, que compartió desde sus redes, habló de que los “nuevos instrumentos” para atacar los espacios progresistas y populares de la región buscan cumplir con tres objetivos: “controlar la voluntad popular”, “proteger” a los dirigentes afines y “disciplinar a los dirigentes políticos para que todo aquel que tenga una idea de cambio, de defensa del patrimonio nacional y de los sectores más excluidos, lo piense dos veces”, puntualizó.

Para la vicepresidenta, “el partido judicial sustituye al partido militar en la región”.