Bahía De Banderas, Nay., Durante la administración estatal del gobernador priísta Ney González Sánchez (2005-2011), se realizaron intervenciones telefónicas a adversarios políticos, líderes sindicales, sociales y notarios, entre ellos el actual mandatario Miguel Ángel Navarro, informó el subfiscal Rodrigo Benítez Pérez.
Explicó que durante los cateos que se han efectuado a distintas propiedades encontraron indicios, para abrir otras líneas de investigación por delitos que son de naturaleza grave, tales como evidencia documental y también en medios electromagnéticos, cidís y memorias USB, que acreditan que durante su gobierno realizó intervenciones telefónicas ilegales a adversarios políticos.
Detalló que González Sánchez, además utilizaba a los policías, por lo que que con todo lo que hallaron abrirán “una línea de investigación, porque sabemos lo penado que está la intervención telefónica”.
En conferencia de prensa, Benítez Pérez subrayó que el primero de diciembre se realizaron 11 aseguramientos de inmuebles, nueve de ellos es la casa principal del ex mandatario, que se ubica junto a la notaria de Tepic.
Señaló que en el domicilio principal del ex gobernador y en la notaria se recogieron muchos indicios de que también se espiaba a dirigentes sindicales y sociales, entre ellos más de 20 cajas con documentos, memorias USB, cámaras fotográficas y computadoras, los cuales ya se clasificaron y se encontraron elementos para fortalecer las líneas de investigación de las operaciones de recursos de procedencia ilícita o enriquecimiento ilícito.
Apuntó que han realizado escuchas y se revisaron carpetas completas con transcripciones, en las que “se utilizó una herramienta como la que conocemos como Pegasus”.
Asimismo, el subfiscal general confirmó el cateo y aseguramien-to del Colegio Inglés de Occidente y del Centro Universitario de Na-yarit, por su relación directa en la carpeta de investigación NAY/TEP/III/RH/1596/2022, que tiene abierta en su contra el ex mandatario priísta.
Indicó que el inmueble incautado de 3 mil 564 metros cuadrados, por tratarse de un centro escolar particular “fue dejado en depositaria con quien acreditó estar al frente de su administración y representación legal”, para que sus alumnos no fueran afectados.
Sin embargo, no cuenta con reconocimientos de validez oficial de estudios ante la Secretaría de Educación Pública estatal.
